La presidenta de Bake Bidea valora que «el proceso vasco ha quedado atrapado, en cierta medida, en el nuevo contexto securitario estatal francés» del que es un claro exponente la nueva Fiscalía antiterrorista (PNAT).

Han pasado dos años largos desde que una delegación integrada por electos y miembros de la sociedad civil de Ipar Euskal Herria recalara en París un 10 de julio de 2017.

A ese viaje fuimos con un bagaje, ya que habíamos completado el desarme de ETA a cargo de la sociedad civil, un acto que expresaba un compromiso con la construcción de un proceso de resolución, que contaba con el respaldo de los electos del país, y que mirando aún más atrás, partía de un acuerdo de largo recorrido, la Declaración de Baiona (2014), que fue algo así como la declinación propia que hizo Ipar Euskal Herria de la Declaración de Aiete. Dicho esto, en mayo de 2017 se produjo, efectivamente, el cambio de Gobierno en París y nos pareció que era el momento oportuno de hacer saber en las esferas gubernamentales francesas que se había hecho ya todo ese camino y que, a partir de entonces, había que avanzar con mayor decisión para acabar con las medidas de excepción.

Con relativa rapidez se conformó un espacio de diálogo.

Ese mismo 10 de julio dijimos que habíamos sentido que se había escuchado nuestro mensaje. Y pocas semanas después se creó ese espacio de diálogo. Desde la primera reunión, que tuvo lugar el 19 de octubre de 2017, la delegación vasca presentó una agenda y un método de trabajo: diálogo, desde una perspectiva plural e integral, con participación del colectivo de presos, y con carácter oficial. Llegamos a mantener once reuniones con dos representantes del colectivo de presos, Marixol Iparragirre y Mikel Albisu, en la prisión de Réau. Con los representantes del Ministerio de Justicia tuvimos media docena de encuentros.

En febrero de 2018, Julen Mendizabal y Zigor Garro llegan a Mont-de-Marsan. ¿Qué destacaría sobre esa primera etapa del diálogo con París?

La primera fase fue la más compleja, porque había que acordar los criterios. El Ministerio de Justicia daba prioridad al criterio de reinserción y nosotros abogábamos por un proceso integral. Teniendo en cuenta que la mayoría de los vascos en cárceles francesas son enviados al otro lado al cumplir condena, siguiendo ese criterio de reinserción, ¿a cuántos habríamos acercado? ¿a un 1%? Demostrado esto, empezaron a valorarse más criterios. Ya no sólo se hablaba de presos en fin de pena, se establecieron otras circunstancias como situación familiar, distancia de la cárcel, accesibilidad. Coincidiendo con la manifestación de enero en Bilbo, París anunció que iba a acercar a presos. Y un mes después llegaron los dos primeros a Mont-de-Marsan.

En ese invierno de 2018 se abrió la puerta, pero en junio se produjo el primer parón.

Llegó el cambio de gobierno en Madrid y una circunstancia que, a priori, debía se positiva se convirtió en un problema.

¿Se basan en informaciones concretas para achacar esos obstáculos a la llegada del PSOE a Moncloa?

No teníamos informaciones concretas, pero la realidad es que París, en vez de actuar por criterio propio o de acuerdo a las pautas acordadas con la delegación, volvió a alinearse con Madrid.

Y tras esa interrupción del diálogo, de vuelta a la calle.

La delegación entiende que no se pueden cambiar los criterios con la excusa de que este o aquel preso tiene cierto nombre o historial, porque ello implicaría asumir que los derechos no rigen igual para todos.

El proceso se bloquea por la negativa de París a trasladar a Mikel Karrera y Garikoitz Aspiazu. ¿La ruptura no plantea dudas entre los integrantes de la delegación a la vista de la presión político-mediática ?

La delegación está ya muy cohesionada, porque ha compartido un camino plagado de obstáculos, el que partiendo de Aiete nos llevará al desarme. Hemos hablado mucho de lo que podemos hacer para alcanzar un nuevo estadio de convivencia en el país, y creemos que avanzar en materia de presos y también en la mirada al pasado, desde el respeto a todas víctimas y a su memoria, nos acerca a ese objetivo.

En puertas de la marcha de Baiona (12/1/2019) la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, afirma que, por su parte, nada está roto. ¿Les sorprendió?

No nos causa sorpresa, aunque esa declaración nos ratifica en la validez de nuestro esquema de trabajo. En menos de un mes, se logra un enorme apoyo de la sociedad, de más electos que nunca, para esa manifestación en que reunimos a 9.000 personas. Y eso demuestra algo que para esas fechas para nosotros era una evidencia y que se oficializa incluso con una declaración de la Mancomunidad Vasca: el logro de la paz forma parte del proyecto de territorio que se desarrolla en Ipar Euskal Herria. Creo que ese factor es clave para volver a despejar el camino, en un momento, no lo oculto difícil.

Finalmente, aquellos que París decía que no podían ser acercados –también algunos medios vascos y fuentes del Gobierno de Lakua martilleaban con la idea de pasos en función de los perfiles de los presos– son acercados. En el caso de Mikel Karrera, el juez asume que hay un nuevo tiempo.

Esa decisión fue determinante, y ayudó a poner en carril de nuevo el proceso. Digámoslo una vez más: nada ha ido como esperábamos, menos aún tan rápido como hubiéramos deseado. Dicho esto, aceptemos el avance que supone que un juez no se quede en el factor humanitario y diga con claridad que no se puede seguir actuando como si nada hubiera pasado. De hecho, ni el Ministerio de Justicia francés pudo oponerse y ejecutó el fallo.

París no pudo oponerse, dice, a la decisión, pero ¿la ha asumido en toda su dimensión?

Creo que sí entendieron la dimensión de esa amonestación, otra cosa es hasta dónde la asumen. A la vista de que estamos en un momento de grave crisis, parece que falta la decisión política que permita completar el camino al que apuntan ciertas decisiones judiciales.

¿Por qué cuesta tanto que se produzca ese cambio?

Porque París no asume que fue y es parte y no mero espectador de un conflicto político.

El pasado 17 de mayo, de visita en Biarritz, Emmanuel Macron elogió, no obstante, el proceso vasco y apeló a la Historia.

Emmanuel Macron dijo algo que nunca antes habíamos escuchamos decir a un presidente francés. Asumió la terminología del proceso de paz y se dijo dispuesto a ayudar. Sin embargo, mientras se avanzaba en esa comprensión del proceso, por otra parte se producía una involución, no tanto ligada a las presiones de Madrid como al contexto estatal francés que lleva al desarrollo de una doctrina securitaria, que tiene su máximo exponente en esa nueva entidad de la Fiscalía antiterrorista, la PNAT.

Sin embargo, si miramos a la hemeroteca, el proceso vasco no ha provocado reacciones en contra del Gobierno francés.

Ciertamente, la situación es bastante contradictoria. Posiblemente a la hora de encontrar explicación a esa resistencia tengamos que insistir en que estamos transitando por un camino que es nuevo y desarrollando unas pautas de trabajo que tampoco tienen precedentes. Todos acusamos, de una forma u otra, el vértigo de ver cómo, de un momento a otro, las circunstancias, la evolución de las cosas, nos llevan a alcanzar un punto para el que quizás aún no estamos preparados. Y así nos encontramos ahora ante el fin de una primera etapa, y en un momento clave en el que la delegación vasca puede decir que sí, que está dispuesta a abordar la siguiente etapa, la que lleve a implementar alternativas que no pasen por la cárcel.

Con la mayoría del colectivo en dos prisiones próximas a Euskal Herria puede que París considere que ya ha cumplido con una gestión, casi administrativa, de la cuestión vasca.

Si miramos atrás, a estos dos años largos de trabajo, vemos que se han conseguido avances muy destacables que, ciertamente, han llevado mucho tiempo, pero que han dibujado un nuevo escenario. Hay magistrados, jueces de instrucción, que ya están diciendo que no se puede seguir aplicando recetas viejas y que, de hecho, adoptan decisiones, trabajadas y argumentadas, bien pasando algunos sumarios a la instancia correccional –con penas más bajas– bien acordando medidas de libertad condicional.

La gestión de sumarios sensibles, de presos enfermos o con largas condenas, ha dejado un sabor amargo al cierre de 2019.

Recuerdo una frase del exmagistrado Louis Joinet, a cuya memoria quiero rendir homenaje. Él ya afirmó en un artículo publicado tras la materialización del desarme de ETA que los llamados a ejercer de artesanos de la paz del futuro serían los jueces de aplicación de penas. Hoy ya estamos ahí, ya que hay jueces que dicen, hablo del caso de Ibon Fernandez Iradi, que no se puede evocar más el riesgo de reincidencia o la peligrosidad de los presos.

Pero la Fiscalía bloquea.

Si la única perspectiva es, hablemos claro, la pena de muerte, y si la única propuesta es que el preso se quede hasta el último día en prisión, nosotros ya sabemos las consecuencias de esa decisión. No aceptamos esa actitud de la Fiscalía. Por eso vamos a golpear con la makila y hacer resonar nuestra protesta en las calles el próximo 11 de enero.

¿Hay un hecho en concreto que explica esa interrupción del diálogo? Pienso en la denegación, en julio, de la libertad condicional a Frédéric Xistor Haranburu.

Cuando tomamos nuestra decisión, en octubre, es porque han pasado ya demasiadas cosas. Identificamos la gravedad del problema que, insisto, para nosotros es superable, de existir voluntad política, y el 2 de noviembre vamos a un foro que reúne a un centenar de actores activos de este proceso, en Baiona.

¿Cual es el clima del foro?

La reunión sirve para compartir un balance que confirma la validez del trabajo, pero también da cuenta de que esta sociedad tiene un enfado profundo que va a expresar con la misma determinación con la que ha construido ese proceso. El voto unánime de la Mancomunidad Vasca, el pasado 14 de diciembre, de una resolución que emplaza a Macron es reflejo de ese sentimiento.

¿Hay consenso sobre la interlocución con París o alguien da por amortizada esa vía?

No sería sincera si afirmara que no hay dudas o posiciones críticas, sobre todo a la vista de la actitud de París. Con todo, todos los contrastes que hacemos, de forma permanente, nos confirman que hay una mayoría social que entiende que el esquema que nos ha permitido avanzar tiene potencialidad para completar el camino. La gente cree en este proceso y se ha mantenido firme, pese a quien pese, desde Aiete. Los electos también comparten esa confianza, pero a todos nos preocupa el paso del tiempo, nos preocupa qué hacemos para que a esa generación post Aiete no pierda la esperanza sobre el futuro de este país. Esa es una reflexión que todos los actores compartimos. A pesar de ello, nuestro mensaje es claro: no tenemos miedo a seguir haciendo camino y nuestro compromiso está intacto.

Y si a partir del 11 enero no hay deshielo y se eleva el tono frente al Estado, ¿la delegación va a poder seguir adelante?

Esa pregunta está presente. A veces cuando hablamos de ello nos sentimos otra vez a las puertas de Luhuso, con un bloqueo político profundo delante de nosotros y con la determinación de superarlo. Sabemos que, dentro del consenso, debemos afrontar un trabajo importante como es actualizar esa Declaración de Baiona que establecía que un escenario de paz justa y duradera pasaba por la libertad de los presos, la vuelta de deportados y exiliados, el reconocimiento de todas las víctimas y, en definitiva, abogaba por la puesta en marcha de mecanismos de justicia transicional.

¿Cuál es la señal que esperan para acusar recibo de que existe voluntad política en París?

Esperamos que, como dijo en Biarritz, Emmanuel Macron actué con la altura histórica que requiere el momento.

¿Algún paso sería, a su juicio, especialmente significativo?

En 2020 hay elecciones, habrá nuevo mapa local y se renovará la Mancomunidad Vasca. No sabemos si ese episodio va a distorsionar nuestra labor, pero va a ser relevante. Hablando de pasos, si hay voluntad, puede haber una señal mayor: la puesta en libertad de Xistor Haranburu, Jakes Esnal y Ion Kepa Parot en el año que cumplirán 30 años en prisión. Esperando, claro, que también se dé una respuesta al caso de Unai Parot, en el Estado español. Esa medida expresaría que todas las partes estamos listas para encarar, por fin, el camino que queda por recorrer hasta llegar a un país sin presos.