El Foro Social y Hitz & Hitz Fundazioa reunieron a representantes del Ararteko y entidades de diferente índole para hablar de qué se puede hacer para ayudar a la integración de las personas presas por motivación política, algunos de los colectivos no lo hacen, como es el caso del programa de Cruz Roja que atiende a las extranjeras encarceladas en Martutene, pero sirvió para ver que algunos retos son comunes o de la importancia de generar sinergias entre ellos.

El Foro defendió en la presentación que es hora de apoyar las iniciativas que sustenten la convivencia democrática en Euskal Herria; en el caso de las y los presos, impulsando su integración. Es uno de los retos, al igual que desactivar definitivamente la política penitenciaria de excepción, junto a otros nudos, como son el reconocimiento de todos los derechos de todas las víctimas y también alentar la construcción de una memoria «crítica e inclusiva».

Roberto Moreno, coordinador de Justicia y personas en prisión de la oficina del Ararteko, comenzó exponiendo los obstáculos que el actual marco legislativo español ha creado para dificultar, en vez de facilitar, la integración, sin obviar la «especificidad» a la que se enfrentan los presos políticos vascos con el alejamiento y la dispersión. Las trabas han ido a más, especialmente con el Código Penal de 1995, acompañadas de más de 30 reformas, en las últimas dos décadas, dirigidas al cumplimiento efectivo de las penas, que impiden acceder en la práctica a la libertad condicional.

Moreno, con una amplia experiencia en el activismo social pero también en el entramado administrativo, hizo una radiografía de la realidad carcelaria del Estado español, con detalles de la situación en la CAV. No ocultó que la Ley Orgánica 7/2003 del 30 de junio será «imposible» de cambiar en los próximos años viendo la composición del Congreso y que se necesita el respaldo que 3/5 partes de la Cámara Baja para ello.

La «clave», defendió, es disponer de más medios materiales y personales para ir avanzando en la construcción de una red que ayude a la reinserción de las personas presas antes incluso de que salgan de la cárcel y luego en la calle, con la figura extendida en otros lares del agente de la condicional.

Ante una hipotética transferencia de las competencias penitenciarias al Ejecutivo de Lakua, advirtió de que es fundamental el perfil de los actuales funcionarios, ya que el 98% son personas que no residen en la CAV, o el escaso presupuesto asignado a Justicia. Las diferentes visiones sobre los servicios sociales tampoco ayuda, algo que ha hecho constar el Ararteko en sus informes anuales al Parlamento de Gasteiz.

Propuesta técnica

El integrante de la oficina del Ararteko explicó que desde 2017 existe una propuesta técnica, que está pendiente de que se llegue a un acuerdo político acerca del modelo penitenciario que se quiere para la CAV. En ello, añadió Moreno, juegan un papel muy importante esos «agentes de la condicional». Es más, aseguró que si hubiera «voluntad política», acompañada de presupuesto suficiente, se podrían ir dando pasos sin esperar a que el Gobierno español cumpla con su promesa de otorgar las competencias de Lakua.

Se trata de articular un mapa de recursos para ayudar en los procesos de reinserción de las personas presas. «En la actualidad, personas con penas pequeñas entran en prisión, algo que podría evitarse. Con el actual sistema, por la suma de distintas penas, muchos tardan 8 años en comenzar un itinerario como este», lamentó Moreno.

Tras un video, en el que varios personas que han conocido cárcel, exilio y deportación aportaron sus vivencias y expusieron cómo creen que se debe abordar ese regreso a casa, Carlos Askunze, coordinador de la Red de Economía Social y Solidaria (REAS), explicó qué aportan las 73 empresas y entidades que la conforman en la reintegración, ofreciendo programas de formación, empleos en empresas de inserción para integrarse en el mundo laboral y acompañamiento en procesos de emprendimiento.

Askunze ofreció su mano para que los excarcelados se sumen a las diferentes redes que existen para su mejor inclusión, como también a la oportunidad de abrir nuevas ventanas en su compromiso sociopolítico, trabajando por el desarrollo de distintos proyectos desde el ámbito de la soberanía alimentaria a otro modelo de consumo energético.

Desde Harrera, Juan Karlos Ioldi se mostró interesado en las propuestas planteadas por REAS. Su asociación asistencial, con 2.600 socios, elabora un informe relacionado con los tiempos de cotización de los represaliados, de cara a poder solventar en el futuro los problemas de jubilación que surgen.