Txikitik handira» reza la consigna bajo la que el Gran Bilbao se movilizó el pasado 17 de enero en apoyo a la huelga general convocada para el día 30 en Hego Euskal Herria (HEH) en defensa de pensiones, trabajos y vidas dignas. De lo pequeño a lo grande, de los comités de barrio y pueblo al macroespacio metropolitano. De lo local a lo global, en definitiva.

Una mirada indispensable para enfrentar a un capitalismo global cuya crisis está agudizando sus lógicas de mercantilización, corporativización, desposesión, desregulación y desmantelamiento democrático. Lógicas que desde el plano global impregnan en lo concreto todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana, aterrizando sobre los territorios con la aquiescencia de las élites político-empresariales locales. Esta ofensiva se encarna en la actualidad con especial virulencia en la oleada de tratados comerciales que la Unión Europea negocia con diversos actores internacionales. Dichos acuerdos, lejos de permanecer en un nebuloso y ambiguo ámbito supraestatal, están teniendo y tendrán un nítido impacto en la configuración y organización de los trabajos en HEH. También contra ellos debemos pensar la huelga.

CETA, TTIP, TISA, Jefta, UE-Mercosur, UE-Singapur, etc., comparten dos objetivos: uno, extender al máximo las fronteras de la mercantilización capitalista global, y dos, instaurar de facto un gobierno de las grandes corporaciones, que ampute las cada vez más escasas capacidades de las instituciones políticas para actuar al servicio de las mayorías sociales. Para ello habilitan herramientas con enorme capacidad para imponer, bajo una retórica tecnocrática, el proyecto corporativo del capitalismo del siglo XXI: tribunales de arbitraje al servicio de las grandes empresas, mecanismos de convergencia regulatoria que armonicen a la baja legislaciones garantistas de derechos, cláusulas de irreversibilidad que impedirán dar marcha atrás a procesos de privatización/externalización, etc. Toda una arquitectura de la impunidad corporativa que, en HEH, agudiza y blinda la ofensiva que desde el estallido de 2008 protagonizan patronales y gobiernos contra lo común, en general, y contra el trabajo, en particular.

La arquitectura de los tratados tendrá consecuencias directas sobre el empleo en nuestro territorio, sometido ya a una relativa vulnerabilidad respecto al entorno UE (con un promedio de paro mucho más elevado), y en un contexto institucional en el que los retos de la Cuarta Revolución Industrial se encaran desde perspectivas netamente pro-corporativas. Asimismo, la enorme importancia de las pymes vascas en la creación de empleo casa mal con unos tratados concebidos para maximizar la competitividad de la gran empresa transnacional. Cooperativas y empresas de Economía Social y Solidaria (ESS), de vocación más comunitaria, se verán sometidas a esta presión de manera multiplicada.

Esta oleada de tratados también incrementará la precariedad laboral existente en HEH. La pérdida de peso de las rentas de trabajo respecto a las de capital es una constante en CAV y CFN en los últimos años, y se verá agudizada por el dumping laboral derivado de mecanismos como el Modo 4 de comercio de servicios (que permite la prestación internacional de cualquier servicio bajo las condiciones laborales del país de origen de la empresa). La amputación de capacidades para establecer cláusulas sociales en la contratación pública bloqueará la posibilidad de garantizar desde lo público condiciones laborales dignas en casos como las subcontratas de las residencias (tal y como se exige hoy en Gipuzkoa), la atención a domicilio o grandes obras como TAV o Supersur. Asimismo, estos tratados reforzarán la posición de capitales globales que ya operan en nuestro territorio a la vanguardia de nuevas lógicas de uberización laboral, como ejemplifican la instalación de Amazon en Trapagaran, el desembarco de Uber, Glovo, Deliveroo, etc., o las consecuencias de la alarmante turistificación de ciudades como Bilbo o Donostia.

Los trabajos de cuidados también serán un ámbito de especial impacto de los tratados, como consecuencia del ataque mercantilizador contra los servicios públicos. Así, el blindaje de las lógicas de externalización que a día de hoy ya promocionan las diputaciones supondrá una agudización de la familiarización de los cuidados en los hogares de HEH. En un contexto patriarcal eso es sinónimo de feminización, de la mano de un previsible aumento de la precariedad estructural del empleo femenino. La otra cara de la moneda será la exacerbación de las lógicas de explotación en el sector del trabajo del hogar, donde feminización, racialización y estatus migratorio conforman una triada que los tratados contribuirán a blindar e intensificar.

Mención aparte merecen convenios colectivos y pensiones. En esta ofensiva integral, convenios como el del metal de Bizkaia se colocarán en la diana de esta oleada depredadora, sometidos a mecanismos de defensa de la seguridad jurídica de la inversión extranjera. Asimismo, la nueva oleada de tratados podría profundizar en la mercantilización de las pensiones públicas y las EPSV, al tiempo que supondrá anular competencias y capacidades presentes o futuras de las instituciones de HEH para apostar por un sistema público de pensiones vasco.

En definitiva, la nueva oleada de tratados ha declarado la guerra a las capacidades colectivas, las soberanías y los mimbres comunitarios que garantizan a los pueblos el derecho a pensiones, trabajos y vidas dignas, y Euskal Herria es un territorio en disputa. Es por eso que desde Euskal Herriak kapitalari planto! apoyamos la convocatoria del próximo 30 de enero, ya que nos sobran las razones en favor de un trabajo emancipado y del bien común.