Paran la búsqueda de los dos trabajadores ante el riesgo de nuevos deslizamientos

Las operaciones de búsqueda de los dos trabajadores sepultados en el deslizamiento del vertedero de Zaldibar fueron suspendidas ayer por el riesgo de nuevos deslizamientos en el terreno.

Aunque los equipos de emergencias comenzaron con las labores de rescate con las primeras luces del día, hacia las 13.00 horas se tomó la decisión de parar la búsqueda en aras de preservar la seguridad de los integrantes del equipo de rescate, siguiendo las indicaciones de un grupo de geólogos que estaban supervisando el vertedero. Fuentes de emergencias aseguraron que la estabilidad de la ladera del monte puede verse comprometida por la «lluvia u otros factores», lo que aumenta el riesgo de que se produzca un nuevo desprendimiento.

El equipo de geólogos se acercará hoy por la mañana a la zona para valorar la posibilidad de continuar con las labores de rescate o mantenerlas paradas.

Tal y como explicó el director de los Servicios de Emergencia de Lakua, Gaizka Etxabe, a primera hora de la mañana habían retomado las tareas de búsqueda de los dos trabajadores: Alberto Sololuze, de Eibar y residente en Markina-Xemein, de 62 años; y Joaquin Beltrán, de Zalla y de 51 años. Pero, tal y como ocurrió la víspera, horas después del inicio de la operación abandonaron la búsqueda.

Etxabe explicó que el rescate de los cuerpos es complicado debido a la inestabilidad del terreno y que, por lo tanto, estas tareas deberán realizarse «a mano», ya que resulta muy complicado que la maquinaria acceda a la zona. En este sentido, añadió que las tareas de rescate «van para largo».

El deslizamiento de más de medio millón de metros cúbicos de residuos industriales, entre ellos residuos de amianto, ocurrió sobre las 16.00 horas del jueves en el vertedero de Zaldibar, propiedad de la empresa Verter Recycling 2002 S.L.

Un «pequeño incendio» en el infierno

La gravedad del suceso escaló un peldaño más cuando se declaró un incendio en la noche del viernes, hacia las 23.00, después de que los equipos de rescate abandonaran la zona.

Los Bomberos de Bizkaia y servicios de urgencias acudieron al lugar tras recibir el aviso, e informaron de que no podían extinguir inmediatamente el fuego, «dada su ubicación». A pesar de ello, confirmaron que se trataba de un «pequeño incendio» que no dio mayores problemas.

Sombras en la gestión de Lakua y Verter Recycling

El desastre del vertedero de Verter Recycling pone de manifiesto la nefasta gestión del mismo por parte de la empresa y del Gobierno de Lakua, ya que este último no actuó para garantizar la seguridad del vertedero pese a que disponía de la información sobre diversas irregularidades en las instalaciones.

En primer lugar, el viernes se puso de manifiesto que, a pesar de saber que allí había amianto, los equipos de rescate que comenzaron a trabajar en la búsqueda de los desaparecidos no tenían constancia de ello. Ni Lakua ni la empresa alertaron de la presencia de este material cancerígeno, por lo que no se aplicó el protocolo de seguridad adaptado a esta situación. De hecho, cuando encontraron amianto entre los escombros, Osalan alertó para detener los trabajos de búsqueda.

Por otra parte, la viceconsejera de Medio Ambiente de Lakua, Elena Moreno, quien visitó ayer la zona del derrumbamiento, manifestó en declaraciones a ETB que su departamento se encontraba «en el punto» de «valorar la apertura de un expediente sancionador» a la empresa Verter Recycling 2002 S.L. tras descubrir en su actividad varios «incumplimientos» en una inspección realizada en julio de 2019. A pesar de ello, Lakua no tomó ninguna medida disciplinaria al respecto.

Entre esos incumplimientos, la viceconsejera citó que la chimenea del vertedero no medía correctamente las emisiones de metano, que se habían depositado materiales para los que no se disponía de autorización, aunque en «cantidades pequeñas», y que se había efectuado algún relleno no autorizado.

En su defensa, Elena Moreno aseguró que al Gobierno autonómico «no se le había comunicado» que hubiera «ningún problema de estabilidad de la ladera derrumbada» o que se hubieran detectado «fisuras» que indicaran que el vertedero era «inestable».

Verter Recycling 2002, por su parte, respondió a Lakua en octubre de 2019 con un informe de una ingeniería especializada que determinaba que el vertedero de Zaldibar era «estable».

«Cúmulo de incumplimientos»

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova hizo referencia ayer a un informe de inspección ambiental elaborado por Medio Ambiente en noviembre de 2019. Según informó Casanova, el informe constató «incumplimientos muy graves» de la normativa ambiental.

Concretamente, el informe del Servicio de Inspección Ambiental sobre ese vertedero realizado por una ingeniería aconsejaba asegurar la estabilidad del terreno para evitar accidentes, y fue encargado en noviembre del año pasado, después de que el Ejecutivo hubiera detectado algunos aspectos a subsanar en esa escombrera.

Además, la inspección constató el grado más bajo de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada y certificó, literalmente, que «existe algún incumplimiento clasificado como signifi-cativo/severo o un cúmulo de incumplimientos» en lo relativo a licencias y autorizaciones, protección del agua, residuos y condiciones específicas de vertederos. El informe tiene fecha de 4 de noviembre de 2019 y requería a la empresa titular del vertedero a que en un plazo máximo de 30 días acreditara la corrección de las irregularidades que se habían detectado, algo que no ocurrió.

Frente a lo que sostiene la viceconsejera Moreno, el informe también prueba que Lakua era plenamente consciente de esos incumplimientos.

A juicio de EH Bildu, esto «demuestra con claridad que estamos hablando de un vertedero cuya gestión no ha respondido a los estándares de calidad exigibles y donde el cumplimiento efectivo y riguroso de las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada ha brillado por su ausencia».

Así, la coalición soberanista registrará en el Parlamento de Gasteiz una batería de iniciativas con ese objetivo, dado que, aunque el plazo máximo de 30 días otorgado a la empresa concluyó hace semanas, el informe que debía certificar la corrección de los incumplimientos no se ha publicado.