Verter dobló en 2018 los residuos metálicos que podía gestionar

Nuevos datos añaden peso a la tesis de la sobreexplotación del vertedero de Eitzaga como posible causa del derrumbe. Aunque Arriola defendió en el Parlamento que no había límite legal al ritmo de llenado, la Autorización Ambiental Integrada de 2013 sí que fijaba algunos topes. El vertedero los rebasó con pleno conocimiento de Lakua.

El pasado 18 de febrero, durante la comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Gasteiz, el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, aseguró que «no existe limitación legal» sobre el ritmo de llenado de los vertederos. «Depende de un correcto Plan de Explotación y del cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada, que hace plenamente responsable a la propiedad de la seguridad y estabilidad del vertedero», añadió.

En términos generales, esto es así gracias al marco legal instaurado a inicios de los años 2000, cuando Josu Jon Imaz, al frente de la consejería de Industria, empezó a eliminar «la tutela directa» sobre actividades industriales con riesgos para la salud, tal y como publicó GARA el pasado 19 de febrero. Sin embargo, un vistazo a la Autorización Ambiental Integrada (AAI) con la que operaba Verter Recycling 2002 S.L. desmiente parcialmente a Arriola: había aspectos en los que el vertedero tenía un tope, y este fue ampliamente superado como mínimo en 2018. También en 2019, a juzgar por las irregularidades encontradas en la última inspección, de las que dio cuenta el propio Arriola en su comparecencia, en las que habló de «superación de del límite de Residuos de Construcción y Demolición tratados en la planta de valorización».

Pero centrémonos en los datos de 2018, con los que contamos gracias al profesor de la UPV Gorka Bueno, que los solicitó en 2019 sin saber lo que se venía encima, literalmente. Pero antes, un inciso: Arriola señaló que la AAI con la que operaba el vertedero se modificó y renovó con una resolución del 4 de setiembre de 2013. Debería ser un documento público consultable en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), pero resulta imposible encontrar constancia de él a través de los buscadores.

Obtenida por otros medios la AAI, se puede comprobar que la Autorización emitida por Medio Ambiente enumera una serie de residuos de metales y de compuestos metálicos que pueden ser gestionados por el vertedero para su «reciclaje y recuperación». Están enumerados según su código LER (Lista Europea de Residuos), y la AAI es tajante al señalar que «la capacidad máxima de tratamiento de residuos metálicos es de 70.000 toneladas al año». Pues bien, en 2018 entraron en Verter 154.326 toneladas de residuos de estas características. Es decir, se dobló con creces la cantidad permitida.

Residuos no autorizados

La AAI también limita los residuos que pueden utilizarse «en usos constructivos dentro del propio vertedero». Concretamente, señala que «la cantidad total de los residuos incluidos en este apartado no deberá superar en ningún caso el 10% de los residuos totales admitidos en peso». En 2018, según los datos enviados por la Administración a Bueno, se recogieron en Eitzaga 553.798 toneladas de residuos, lo que sitúa el 10% en 55.380 toneladas. Según las cifras aportadas por la Consejería el 8 de febrero, fueron 540.667 las toneladas registradas, situándose el 10% en 54.067 toneladas. La diferencia no es crucial, porque lo cierto es que la cantidad de este tipo de residuos registrada en 2018 se disparó hasta las 87.650 toneladas.

El ritmo de llenado superó, por lo tanto, el límite legal en al menos dos puntos de la AAI, y lo hizo con pleno conocimiento de la consejería de Medio Ambiente, pues suyos son los datos empleados en este texto.

Pero la cuenta no acaba ahí, ya que hay numerosos residuos con un Código LER que no consta en la AAI. Es decir, residuos que en principio jamás deberían haber pisado el vertedero de Eitzaga. Según las cuentas de GARA, en 2018 fueron un total de 63.855 toneladas las que entraron con un código LER para el que el vertedero no tenía permiso según la AAI de 2013. Es más de un 10% del total.

Dentro de ese grupo hay 24.649 toneladas de tipos de residuos que Verter Recycling pidió poder recibir, pero que la AAI prohibió expresamente, al tratarse de residuos «valorizables y por lo tanto no admisibles». Se trata de materiales como el plástico, el vidrio y el hormigón. Del mismo modo, constan casi 1.000 toneladas de residuos urbanos para los que Verter tampoco tenía permiso.

Estas cifras indican que la empresa violó en numerosos aspectos la AAI de 2013, pero las irregularidades podrían ser mucho mayores, aunque resulta imposible comprobarlo, dada la escasa transparencia con la que se maneja una información que debiera ser pública. Cierta confusión se da a la hora de determinar qué cantidad de residuos acabó en el vertedero, ya que en el caso de los metálicos mencionados, Verter tenía permiso para gestionarlos y derivar los residuos resultantes a gestores autorizados.

“Argia”, que fue el primer medio en obtener la AAI de 2013, calculó que, de las 553.798 toneladas que entraron en 2018 en las instalaciones, solo deberían haberse vertido 334.876 toneladas según la Autorización, ya que el resto eran residuos que, o bien no podían estar en el vertedero, o bien debían ser sometidos a procesos de reciclaje y recuperación. Sin embargo, como ya se ha dicho, la cifra que dio Medio Ambiente fue de 540.667 toneladas. El propio Arriola dijo, textualmente, que «el vertido se incrementó (...) a más de 500.000 (toneladas) al año». Habló de vertidos.

Las advertencias de 2018

Si unimos este baile de cifras a los testimonios de transportistas –que señalan que apenas había control alguno sobre lo que se vertía– y de los propios trabajadores –que explicaron a la Ertzaintza cómo compraban chatarra los días previos a las inspecciones para hacer ver que existía un proceso de selección y reciclaje–, parece bastante plausible la hipótesis de que la cantidad de residuos vertidos irregularmente podía elevarse a cifras mucho mayores.

Todo esto, cabe insistir, era conocido por el Gobierno de Gasteiz, concretamente por la Administración Ambiental, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, que en 2018 no realizó actuación alguna para remediarlo. Y eso que las conclusiones del Control Topográfico de aquel año, según explicó el propio Arriola, señalaron que «se continúan detectando desplazamientos horizontales bastante significativos».