La Guardia Civil ha puesto el foco en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), al insinuar en un nuevo informe a la jueza del 8M que esta institución no ha aportado toda la información de que dispone, de manera que «podrían faltar documentos» claves para la investigación.

Esta es una de las conclusiones de un segundo informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Efe, entregado a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, para ampliar el primer informe y subsanar «errores» flagrantes, como el que situaba la declaración de pandemia por la OMS el 30 de enero y no el 11 de marzo, tres días después del 8M.

En el informe, que consta de 200 páginas, no solo se incluye un «off the record» de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre el que ya han informado GARA y NAIZ. En otro pasaje, los investigadores afirman sospechar que el Ccaes no ha aportado toda la información de que dispone sobre la pandemia con anterioridad al 8M, como así lo requirió la Policía Judicial en un oficio dirigido a su director, Fernando Simón, el pasado 16 de abril.

Asegura que, «a pesar de solicitar en el oficio que participen todas las recomendaciones, instrucciones o directrices sanitarias que en el marco de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 fueran efectuadas, de la documentación aportada se deduce que podrían faltar documentos en relación con dicha información».

«Correos adicionales»

Los agentes dicen llegar a esta conclusión al observar que en el canal de comunicación con el Centro existen «direcciones de correo adicionales», asociadas al Ccaes, y «distintas a las dos facilitadas», entre ellas la del propio director Fernando Simón, «de la que no ofrecen información alguna».

En el anterior informe, la Guardia Civil ya acusaba al delegado del Gobierno español en Madrid, José Luis Franco, de ocultar información. Y ha logrado con ello su citación como imputado por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, muy vinculada al instituto armado. Rodríguez-Medel había descartado hasta ahora citar a Simón, pero la Guardia Civil vuelve a la carga contra él.

Este nuevo alegato policial no ha tardado en filtrarse, como el anterior. Y puede interpretarse como un órdago después del envido lanzado con el primero y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, zanjó con el cese de Diego Pérez de los Cobos, responsable de la Comandancia de Tres Cantos.

Añaden los guardias autores del mismo que «no se observa ninguna información por parte del Centro de que esos sean todos los correos efectuados en el marco de la crisis sanitaria (...) ni tampoco el número total de cuentas de correos existentes» desde las que se pudiera efectuar comunicaciones, «hecho que despejaría toda duda de la totalidad de la información aportada». Para la Guardia Civil, «esto arroja una sensación de incertidumbre» y de «imprecisión», ya que deja abierta la posibilidad de identificar posteriormente documentación adicional de interés.

Gran interés de la jueza

Al margen de estas insinuaciones, los investigadores llaman la atención sobre retrasos de Simón para entregar la información solicitada, desde que se le remite el oficio el 16 de abril directamente el Ministerio de Sanidad. Y señala que finalmente la jueza hizo personarse a los agentes en las instalaciones del Ccaes para reclamársela en persona, lo que alimenta las sospechas sobre el gran interés de Rodríguez-Medel en esta investigación.

Además, la Guardia Civil eleva la imputación contra el delegado del Gobierno español en Madrid al asegurar que los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales de dicha Delegación tenían conocimiento de los peligros ligados al coronavirus «desde mediados de febrero».

Asume, por otro lado, los errores flagrantes en el primer informe de 80 páginas, pero señala que no cambian la realidad de fondo de los hechos. A juicio del instituto armado, que las autoridades contribuyeron a la expansión del virus, permitiendo el 8M, a sabiendas de que era muy peligroso.