LAB ha pedido que el exconsejero de Salud del Gobierno de Lakua Jon Darpón, la exdirectora de Osakidetza María Jesús Múgica y otros tres altos cargos del servicio de salud de la CAV sean imputados por asociación ilícita en la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Gasteiz por la supuesta filtración de exámenes en la OPE de 2016-2017 .

Los tres otros cargos para los que se solicita esta imputación son el exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza Juan Carlos Soto, el exsubidrector de este área Xabier Balerdi y el director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay.

ESK, que también está presente en la causa, anunció que apoya la solicitud de LAB, sobre la que tendrá que pronunciarse próximamente el juzgado. El portavoz de ESK, Patxi Nicolau, declaró ayer ante los medios que en «Osakidetza existe de manera estructural un proceso de asignación fraudulenta de las plazas».

En la jornada de ayer, el juzgado de instrucción tomó declaración como imputados al jefe de servicio de Neurocirugía de la OSI de Bilbo-Basurto y a la responsable de Neurofisiología de la OSI de Araba.

Fuentes cercanas al procedimiento citadas por Efe explicaron que durante su declaración ambos negaron haber filtrado exámenes. Además, el jefe de servicio de Neurocirugía imputado dijo que nunca había oído rumores sobre la práctica de filtración de pruebas en las OPE, algo que sin embargo la responsable de Neurofisiología sí admitió que existían.

El primero también reconoció que en su prueba y con «conocimiento de Osakidetza» se hizo «una variación» porque se decidió que los aspirantes leyesen la parte práctica ante un tribunal, un hecho que supondría la ruptura del anonimato de los opositores que imponía el manual operativo de la OPE.

ESK pide las actas

Este hecho provocó que ESK solicite las actas del tribunal de Neurocirugía para saber quién decidió ese cambio. Tanto este sindicato como LAB consideran que, si esto se confirma, la dirección de Osakidetza permitió «una práctica que vulnera cualquier principio de igualdad y de transparencia».

Respecto a la solicitud de imputar a Darpón y otros ex altos cargos por asociación ilícita, el objetivo de LAB es dar «un salto cualitativo» en este proceso, en el que de momento la imputación que se formula de manera preliminar contra los cinco investigados es la de revelación de secretos.

El sindicato LAB mantiene en su petición de imputación adicional de asociación ilícita que Darpón, Múgica, Soto, Balerdi y Arcelay, «amparados en su condición de altos cargos de la Administración, y responsables por tanto de dirigir la OPE, idearon, diseñaron y pusieron en práctica una estrategia eficaz para garantizar la existencia y mantenimiento de una red clientelar» en la adjudicación de plazas de especialidades médicas que «asegurar una fácil gobernanza».