Dos exalcaldes del PNV, tres abogados y un arquitecto serán juzgados por un jurado popular después de que la Audiencia de Bizkaia haya desestimado los recursos de apelación interpuestos por los seis acusados de delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros, por su gestión de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz.

Enfila así la recta final un complejo proceso judicial emprendido en 2014 por los ediles de EH Bildu, que un año después tuvo un hito en el informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) que constató fehacientemente graves ilegalidades. No es la única causa abierta en tribunales contra estas y otras personas –entre ellas, otro exalcalde, José Luis Erezuma– acusadas de falsear informes y facturas para cobrar ayudas con las que abonar deudas generadas por esta mercantil.

La Audiencia ratifica sendos autos del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo que acordaron denegar las solicitudes de las defensas de sobreseimiento libre y archivo. Los abogados argumentaron que, al no dictarse la complejidad de la causa y no haber tomado como investigados a los querellados durante la instrucción, no cabía la continuidad del procedimiento.

La Sala estima que no hay norma alguna que lo impida, como tampoco que sean juzgados por un jurado popular. «Que se haya tardado un tiempo notablemente amplio en decidir el cambio de proceso podrá tener su reconocimiento en el ámbito de la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, pero no es impeditivo respecto a la decisión adoptada», resuelve el ponente.

Respecto a las diligencias practicadas, se destaca que los hechos abarcan un periodo temporal y una multiplicidad de complejas operaciones urbanísticas que se exponen en las pruebas documentales aportadas, especialmente los informes de la interventora y la economista del Ayuntamiento, en los que se alertó de la «opacidad» de la gestión. También se destaca la importancia del informe del TVCP de 2015. La Audiencia incide en que «la norma consciente en la actuación de la mercantil era ocultar información que obligadamente había que entregar y la omisión sistemática de todos los principios que rigen la contratación pública».

La credibilidad de los delitos que se les imputan, apunta, se sustenta en los cargos de responsabilidad que estas seis personas tuvieron en la sociedad creada en 2003 por el Ayuntamiento de Alonsotegi para la gestión urbanística de las Normas Subsidiarias. Se expone, por ejemplo, que en sus contrataciones de las empresas dependientes del arquitecto-asesor Alberto Zulueta y el exgerente Irkus Palacio, la entidad «prescindió de modo absoluto de los principios de publicidad y concurrencia, vulnerando asimismo el régimen de incompatibilidades como miembros del Consejo de Administración».

Dónde se quedó el dinero

En la operación de venta de terrenos a la Inmobiliaria Basaldi SL, por un importe de 4.327.000 euros más IVA, sin procedimiento ni respeto a los principios de publicidad y concurrencia, la sociedad pública cobró 432.699,72 y 3.473.769,03 euros «sin que se conozcan el destino de dichas cantidades de dinero».

Otro irregularidad probada, expone el auto, es la de la construcción del nuevo campo de fútbol de Basteita en 2005, que derivó en que el coste final de la obra fue un 64% superior al importe adjudicado. En este convenio, añade, el Consistorio abonó a la mercantil 851.146,94 euros, sin que tampoco se conozca el destino del dinero.

En Junta General Extraordinaria celebrada el 28 de abril de 2011 se acordó la disolución sin liquidación de la sociedad, así como la aprobación del proyecto de cesión global de activos y pasivos al Ayuntamiento, cuyo Pleno lo ratificó. En el balance a 31 de diciembre de 2010, según la escritura de cesión, la mercantil tenía existencias por valor de 15.980.000 euros, cuando se ha comprobado que los únicos bienes que pertenecían a la entidad municipal se valoraban en 476.000 euros.

Esa operación contable, se recoge en el auto, buscaba en realidad que el Consistorio abonase las deudas que la sociedad mantenía con las mercantiles beneficiadas por las adjudicaciones. El resultado fue que las arcas municipales abonaron 2.616.793,04 euros por deudas de Alonsotegi Eraikiz y se le ocasionó un «perjudicio adicional» de 792.982,65 euros por la suspensión de la liquidación por los gastos de urbanización de la plaza Madinabeitia y la construcción del centro de salud a cargo de la Inmobiliaria Basaldi SL.