Este es el primer fin de semana en el que algunos familiares de presos y presas vascas han podido ir a visitar a sus allegados, recluidos a cientos de kilómetros de Euskal Herria. Al contexto general de incertidumbre provocado por el coronavirus hay que sumar que estos viajes y estas visitas están sujetas a una terrible arbitrariedad, rasgo definitorio del sistema penitenciario.

Para empezar, los funcionarios de prisiones que se encuentren de guardia en cada cárcel pueden facilitar o complicar todo. Que las comunicaciones se hagan o no depende en gran medida de las decisiones o falta de decisiones de las direcciones de las prisiones. Por el momento, serán muy restringidas. Se aducen razones de seguridad y prevención, y nadie puede estar en contra de esos criterios de precaución. Pero en la cárcel siempre eligen la peor de las opciones. El principio «in dubio pro reo» no se aplica, precisamente con los reos.

En general, los presos y presas sufren la desidia de las diferentes Administraciones y están expuestos siempre a una gran indefensión. A todo eso hay que sumar un factor clave en el caso vasco: la distancia entre sus pueblos y el lugar donde están encerrados los presos, con todos los riesgos que eso conlleva. La dispersión lleva 16 familiares muertos en accidentes de carretera.

Si antes de la pandemia esta situación de alejamiento ya resultaba injusta y extemporánea, la excepcionalidad que vive el planeta convierte esa situación en inaceptable e insostenible. Con el estado de alarma, el confinamiento, el cierre de provincias y fronteras, con protocolos sanitarios inviables dentro de las cárceles… el sinsentido de esta política es aún más evidente.

No hay un solo argumento, salvo el deseo de venganza, que pueda explicar en términos de legalidad y justicia por qué todas estas personas no están en las cárceles que hay en los territorios vascos, dentro del proceso lógico y legal hacia su liberación. Esto se agrava en el caso de las personas enfermas, en grupos de riesgo, de edad muy avanzada y con condenas muy largas.

Existen un gran consenso y es oportuno

Alterar la inercia punitiva respecto a las consecuencias de la fase anterior del conflicto vasco es ahora más viable que nunca. En Madrid, el manifiesto de EH Bildu, PNV, Unidas Podemos, ERC, JxCat, Más País, CUP, BNG y Compromís de principios de mayo exponía claramente que hay que tomar medidas que van desde el acercamiento hasta la liberación urgente en los casos más serios y medidas alternativas a la privación de libertad. El Gobierno de Lakua pedía después al Ejecutivo español que se traslade a 300 presos vascos a Basauri, Martutene y Zaballa, por razones de salud pública.

Teniendo en cuenta que es previsible una segunda ola del virus en otoño, cada paso que se dé en la dirección de los derechos humanos y la salud pública evitará riesgos que suponen traumas y nuevas heridas para la convivencia, la justicia y la paz en Euskal Herria. Es ahora, es oportuno y es urgente.

Mandato claro y estrategia renovada

En un momento en el que los presos deberían estar regresando a Euskal Herria y siendo liberados en base a criterios de justicia transicional o, simplemente, de cumplimiento ordinario de las condenas, mañana el joven Mikel Barrios entrará en la cárcel de Mont-de-Marsan para cumplir una pena de cinco años por pertenencia a ETA. Un despropósito basado en un peligroso impulso político. El mismo que lleva a la Fiscalía Antiterrorista a recurrir la liberación acordada por el juez para Jakes Esnal, un preso con 30 años de cárcel a sus espaldas. Aquellos a quienes los anglosajones denominan «securócratas» siguen teniendo un gran peso dentro de los poderes del Estado francés y han apostado por bloquear todo intento de resolución en clave de derechos humanos.

Así lo ha constatado la delegación vasca, integrada por electos y miembros de la sociedad civil, que el lunes mantuvo una reunión con el Ministerio francés de Justicia. Valoran que estas decisiones judiciales «implican un riesgo real para el proceso de paz». Apuntan la necesidad de perfilar una renovada estrategia para «romper el muro que hoy bloquea el camino» avalada por la mayoría social y política de Euskal Herria. Hay que hacer efectivo ese mandato democrático. Si la crisis sanitaria ha dificultado muchas cosas, debería ser una palanca para facilitar que se impongan el sentido común y los derechos humanos.