CINCO AñOS DE LEY MORDAZA: DE RAJOY A LA PANDEMIA, 28.000 EXPEDIENTES VASCOS

En el quinto aniversario de la promulgación de la Ley Mordaza, el movimiento Eleak-Libre hace un llamamiento urgente a las fuerzas políticas para que la deroguen. Son más de 766.416 las sanciones impuestas y 416,6 los millones recaudados en el Estado. En Hego Euskal Herria se calcula que se superan los 28.000 expedientes.

Hoy se cumplen cinco años de la aprobación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida por la Ley Mordaza. Restringe derechos sociales, civiles y políticos y, justo antes de ser aprobada, el Consejo de Europa declaró que era «desproporcionada» porque «criminaliza la protesta y la crítica callejera», justo lo que pretendía el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. «Es una señal clara de involución», según señala el movimiento Eleak-Libre.

Tras la llegada de Pedro Sánchez se han escuchado en varias ocasiones declaraciones en torno a su derogación, pero la pretendida voluntad no se ha hecho realidad e, incluso, se quiere zanjar la polémica ley con la derogación de algunos de sus artículos, no de toda la legislación represiva.

Como contabiliza Eleak, son más de 766.416 sanciones impuestas en el Estado español desde su entrada en vigor y hasta 2019, y 416,6 los millones recaudados por sanciones, según datos facilitados por el Ministerio español del Interior. En Hego Euskal Herria se calcula que son más de 28.000 expedientes, «entre ellos, más de 8.000 directamente relacionados con derechos sociales, civiles y políticos», indica Eleak.

La aplicación de la Ley Mordaza en estos cinco años ha supuesto «un incremento del 80%, con 87.872 multas en 2015; 197.947, en 2016; 229.932, en 2017 y 249.665, en 2018, aunque faltan datos cerrados de 2019. En 2015 se impusieron multas por valor de 41,57 millones y llegaron a 149 millones en 2018, por ejemplo». No se queda ahí. El movimiento social expresa la contradicción que supone «que los parlamentos de Gasteiz e Iruñea se pronunciaran en contra de la Ley Mordaza en 2016 y que el Parlamento Vasco instara al Gobierno Vasco a no aplicar dicha Ley desde junio de 2016» y que, sin embargo, en la CAV la Ertzaintza comunicara 17.820 multas entre los años 2015 y 2018, además de los posteriores sobre los que todavía no se tienen datos exactos.

A estos hay que sumar las multas impuestas por la Policía Foral en Nafarroa (unas 3.000 en 2016), así como «otras miles de sanciones impuestas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local en toda Hego Euskal Herria, a los que hay que añadir los años siguientes».

En 2020, el Estado también ha recurrido con fuerza a la Ley Mordaza durante la emergencia del covid-19. El Ministerio del Interior señala que en los primeros quince días, tras la entrada en vigor del estado de alarma, recurrió 180.387 veces a la Ley Mordaza. En Hego Euskal Herria se ha utilizado en 29.673 ocasiones en tres meses.

«abusos de todo tipo»

«Queremos recordar –indica Eleak– que han sido muchos y muy numerosos los abusos de todo tipo cometidos por los agentes policiales durante la crisis sanitaria». En este caso explican que el pasado 16 de marzo los expertos de las Naciones Unidas explicaron claramente que la respuesta dada durante el coronavirus debía ser «proporcionada y no excluyente». Tres días después admitieron que «su llamamiento había sido inútil».

Por lo que Eleak sostiene que la crisis del covid-19 se ha utilizado por el Estado para «reforzar los medios represivos para el futuro, especialmente en lo que se refiere al uso de las nuevas tecnologías».

Para este movimiento, lo que se ha visto en este quinquenio, se ha agudizado con la crisis provocada por el coronavirus. «Se ha producido un retroceso en el ámbito de las libertades democráticas en el Estado español y, en concreto, en el ámbito de los Derechos Sociales, Civiles y Políticos», afirma. Así, sin contar los cientos de miles de expedientes abiertos durante el periodo de alarma sanitaria, «las sanciones contra los ciudadanos en todo el Estado español ascienden ya a 500.000».

Además recuerda que la Ley Mordaza también ha golpeado duramente en Catalunya. La asociación Omnium Cultural explicó que en la protesta social en torno a la consulta popular del 1 de octubre se pusieron al menos 20.000 multas. «Esta ley es un tremendo disparate retrógrado y conservador para criminalizar la protesta y la crítica callejera», manifiesta Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de Barcelona.