Más de 2 de cada 3 muertes por coronavirus se han producido en geriátricos y no apostamos por cambiar el modelo de atención a nuestros mayores, en muchos casos, abandonados en residencias. Es muy distinto pasar los últimos años de nuestra vida conviviendo en familia, si lo hacemos en soledad o si, en el peor de los casos, nos vemos obligados a ser recluidos en una residencia lejos de nuestro entorno, donde sabemos que permaneceremos hasta morir. Apartados de la sociedad, relacionándonos con nuestros familiares solo en horarios de visitas o en salidas programadas, con una rutina diaria establecida por la institución segregativa en la que permaneceremos sin expectativas de volver a salir jamás de ella.

Los geriátricos fueron creados para atender a aquellas personas que excepcionalmente, por enfermedades mentales o físicas, por no tener familia, o por otras circunstancias similares, se encuentran en situación de abandono y de dependencia total ante la falta de autonomía o aislamiento social. Sin embargo, lo que debería ser una excepción a evitar, aplicándola solo cuando no cabe otra, y con el objetivo de reducir su uso, se ha convertido en la práctica habitual, creciendo tanto la tasa de ancianos en residencias, como la gestión privatizada de las mismas que las convierte en un negocio.

Ha sido un recurso potenciado desde las instituciones y desde una sociedad en la que las personas mayores se convierten en un «problema» para sus familias al verse presionadas por un mundo donde el cuidado de los cuerpos vulnerables no son reconocidos como trabajo. No se potencian alternativas para su integración fomentando servicios sociosanitarios que faciliten su autonomía, apoyo económico y profesional a las familias para cuidarles en el hogar, sistemas de autoorganización comunitaria para que convivan y se apoyen mutuamente en sus barrios o pueblos de residencia, entre otras. Es el momento de cambiar las políticas de atención a nuestros mayores potenciando su gestión pública y apostando por su autonomía.