Es el momento de las responsabilidades políticas

La Ertzaintza detuvo anteayer a tres de los responsables de Verter Recycling 2002, la empresa encargada de la gestión del vertedero de Zaldibar que colapsó a principios de febrero sepultando a Alberto Sololuze y Joaquin Beltran. Si en un primer momento se informó de que habían sido detenidos por orden de los juzgados que investigan dos posibles delitos, uno contra la vida y la salud de los trabajadores y otro contra el medioambiente, más tarde se supo que los arrestos se llevaron a cabo a iniciativa de la Ertzaintza para, al parecer, tomar declaración a las personas detenidas.

Es difícil entender qué justifica una detención, cinco largos meses después de que ocurrieran los hechos y cuando es de dominio público que hay una investigación en curso. Desde luego, no parece que sea el riesgo de fuga ni tampoco evitar la destrucción de pruebas, simplemente porque han tenido tiempo más que suficiente para ello. Por otra parte, un cambio en la calificación de los presuntos delitos cuando el procedimiento judicial se encuentra en una fase preliminar no parece muy factible. Esta falta de fundamento procesal lleva a pensar que lo que ha primado en esta detención ha sido una motivación de tipo político, tal vez causada por la falta de avances en la localización de los dos trabajadores desaparecidos, o por la mala gestión de la respuesta al colapso del vertedero o, quizás, por los resultados electorales. En cualquier caso, estos impulsos políticos para mediatizar actuaciones policiales resultan inadmisibles en democracia.

Una cosa es el procedimiento penal para aclarar los delitos que se hayan podido cometer en la gestión del vertedero y otra, que todavía no se ha afrontado, es el procedimiento para depurar las responsabilidades políticas por la ausencia de seguimiento y control que, básicamente, correspondía a la Consejería de Medio Ambiente que dirige Iñaki Arriola. Sería muy mala noticia que un nuevo pacto PNV-PSE suponga blindarse frente a esa responsabilidad.