03 AGO. 2020 LA CUESTIÓN CARCELARIA En dos años de Gobierno Sánchez han acercado a 54 presos de EPPK Después de que esta semana Instituciones Penitenciarias anunciara nuevos traslados, son 54 los miembros de EPPK que han sido aproximados desde que Sánchez llegara a Moncloa. Mikel JAUREGI DONOSTIA Ahora que hemos entrado en agosto y la vida política e institucional se va prácticamente de vacaciones –que nadie se piense que solo es cosa del líder de Vox–, resulta pertinente hacer un repaso a los pasos que ha dado el Gobierno español en política penitenciaria desde su constitución en enero. Un mes que se estrenaba con los traslados de Joseba Arregi y de Gorka Fraile: el primero fue llevado desde la prisión de Alacant II (Villena) a la de Villabona (Asturias) y el segundo, a quien al mismo tiempo concedieron el tercer grado, de la de El Dueso (Cantabria) a la de Iruñea. Antes de esos dos acercamientos, si es que el de Arregi merece esa denominación, pasaron seis meses sin movimiento alguno. El 4 de julio de 2019 se producía el traslado de Ekaitz Samaniego desde Murcia I a Zuera (Zaragoza) y, a la postre, se ponía fin a las 25 aproximaciones a Euskal Herria de integrantes de EPPK llevadas a cabo desde que Pedro Sánchez llegara por vez primera al Gobierno español, a raíz de la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy en junio del año anterior. También hubo traslados que afectaron a varios presos ajenos al Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos. Según los datos que ha podido recabar este medio, en ese 2018, entre el verano y final de año, Instituciones Penitenciarias menguó el alejamiento de 11 prisioneros y, ya en 2019, en los primeros seis meses otros 14 vieron cómo se les traladaba a cárceles más próximas a casa. Samaniego fue el último. Ninguno de los 25 recaló en cárceles de Euskal Herria. 29 en estos siete meses Tras medio año sin movimiento alguno y una vez se produjo la repetición de las elecciones a las Cortes españolas, el 30 de diciembre de 2019, poco antes de la constitución del nuevo Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el Ministerio de Interior anunciaba los acercamientos de Arregi y Fraile, que se materializarían ya estrenado el nuevo año. A partir de ahí y hasta finales de este mes de julio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, adscrita al Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, ha ido avanzando traslados, y algunas nuevas clasificaciones de grado, que han afectado a un total de 29 miembros de EPPK. Los últimos anuncios se han producido este miércoles y afectan a Raúl Fuentes, Oihane Bakedano, Aitor Fresnedo e Iban Apaolaza (este último no es integrante del Colectivo): Fuentes será trasladado desde la prisión de Villena a la de Soto del Real (Madrid), situada a 450 kilómetros de Euskal Herria, y los otros tres a la de Logroño (Bakedano y Fresnedo desde la de Jaén II y Apaolaza desde la de Granada). Por lo que se refiere a la reclasificación de grado, en este último periodo se han implementado ocho terceros grados, de los que seis correspondían a prisioneros repatriados a las secciones abiertas de Iruñea, Martutene y Zaballa, mientras que otro que ya cumplía pena en Euskal Herria, concretamente en la prisión alavesa, recalaba en su herrialde tras ser llevado a la sección abierta de la de Basauri. El octavo caso se refiere a un preso enfermo que cumplía cárcel atenuada en una residencia. Los restantes 21 integrantes del Colectivo que en estos siete primeros meses del año han sido trasladados han tenido los siguientes destinos: uno ha llegado a Iruñea, otro al hospital Aita Menni de Arrasate, seis a Logroño, cinco a Aranjuez, tres a Soria y uno a Burgos, Zaragoza, Valladolid, Palencia y Soto del Real. Las repatriaciones y aproximaciones a Euskal Herria –aunque en algún caso difícilmente podría llamársele así, como el de Fuentes– llevadas a cabo entre los veranos de 2018 y 2020, coincidiendo con los dos años de ambos gobiernos de Pedro Sánchez, han hecho que la derecha española recurra en más de una ocasión a titulares de trazo grueso para atacar al Ejecutivo de PSOE y UP y a su política penitenciaria. AVT vs. Covite El presidente del PP, Pablo Casado, incluso ha llegado a vincular la abstención de EH Bildu en el Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma por la pandemia con, según escribió en Twitter, «sacar de la cárcel a terroristas de ETA. Como depósito en señal, el Gobierno acerca tres etarras, incluido el secuestrador de Delclaux y Aldaya. Lamentable». El propio Casado se reunió personalmente a finales de mayo con la AVT para mostrarle su apoyo. Esta asociación de víctimas de ETA no ha cesado en sus críticas a Sánchez y Grande-Marlaska por los movimientos registrados en estos dos últimos años. Y como no podía ser menos, tampoco calló tras el anuncio de este miércoles, cuando manifestó su «más absoluto rechazo a cuatro nuevos acercamientos de presos etarras que nos ha notificado en el día de hoy el Ministerio de Interior». «Nos sentimos en una posición de indefensión e impotencia absoluta, y volvemos a reiterar nuestra petición de reunión urgente con el ministro Grande-Marlaska», añadió la AVT en su comunicado de prensa. En cambio, otra asociación como Covite ha venido mostrando su satisfacción por la actitud gubernamental y, más concretamente, por la del titular de Interior. Y no solo eso: ha cargado contra la que mantiene la AVT. Esta misma semana se peguntaba «por qué vamos a criticar a este ministro si está cumpliendo con la política penitenciaria que le pedimos en julio de 2018. Solo la AVT y las víctimas del PP han cambiado de postura, de no decir nunca nada con Rajoy ni con Zapatero ahora intoxican a coro con el PP». Y agradecía el hecho de que Marlaska les esté informando puntualmente. Por otras razones muy distintas criticaba este jueves Etxerat a Instituciones Penitenciarias y, por ende, al Gobierno español. A su juicio, «denominar ‘acercamientos’ a traslados que nos obligan a recorrer cientos de kilómetros responde a una interpretación perversa de la realidad». Y en ese punto, recordaba que solo siete de todos los presos y presas trasladadas en estos dos años han llegado a Euskal Herria. «Esos son los únicos acercamientos reales», apuntaba, añadiendo que, hoy por hoy, el 66% de los familiares «deben recorrer entre 1.200 y 2.200 kilómetros» para las visitas. 68, hiru laurdenak beteta eta baldintzapean aske geratu ezinik Datua esanguratsua da; batik bat, erabaki politiko baten ondorio delako. Euskal Preso Politikoen Kolektiboa osatzen duten 233 lagunetatik 68k kartzela zigorraren hiru laurdenak beteta dituzte; hortaz, baldintzapean aske geratzeko aukera beharko lukete. Baina Kolektiboari aplikatzen zaion legeria berezia dela-eta, ezinezkoa zaie. Baldintzapeko askatasuna lortzeko, ezinbestekoa da bigarren graduan sailkaturik egotea eta ohiko irteera baimenak izatea, baina euskal presoak lehen graduan mantentzen ditu Espetxeetako Erakundeak ia zigor osoa bete arte. Eta ehunka kilometrora urrunduta. Aurreneko graduan sailkatzeko erabaki hori aldatzen ez den arte, ezinezko hipotesia da baldintzapeko askatasunarena. 233 horietatik –badira beste 8 EPPK-ko kide ez direnak– 198 Estatu espainoleko kartzeletan daude eta gainerako 35ak, frantsesekoetan. Dozena bat soilik dago Euskal Herrian, hemengo espetxeetan edota beren etxean gaixotasunak jota.M. J. 20 CON MÁS DE 65En el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos, hay 20 personas que superan ya los 65 años de edad: quince están encarcelados en el Estado español, y cinco en el francés. Si ya el dato era significativo antes de que llegara la pandemia del covid-19, ahora lo es más en cuanto a su especial vulnerabilidad. Y 20 ENFERMOSOtra veintena más sufre enfermedades graves. Solo cuatro de ellos cumplen prisión atenuada en sus domicilios. El último en abandonar la prisión ha sido Josu Urrutikoetxea, este mismo jueves, con control telemático: se encuentra alojado en una vivienda parisina.