La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, falló ayer que el Pazo de Meirás, residencia de verano del dictador Francisco Franco en Sada (A Coruña), es una propiedad pública y ordena a su familia su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para su mantenimiento. Esta resolución podría abrir la puerta a la recuperación del resto del patrimonio expoliado por los Franco.

La sentencia recoge que fue un regalo que se hizo en su momento al jefe del Estado y no a Francisco Franco a título personal y declara la nulidad de la donación efectuada en 1938 de «la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma».

En relación a este fundamento, aclara la jueza que, el mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro Pazo «del Caudillo» para comprar y regalar el Pazo de Meirás «al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional». «Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado», aclara la jueza, que insiste en que la literalidad de los documentos sobre la compra del pazo y su posterior donación «no arroja dudas» porque todos se refieren «al caudillo».

Y afirma que la operación de compraventa de 1941, mediante la que el dictador inscribió la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad, no fue sino una simulación, una «ficción» llevada a cabo «con el solo objeto de poner el bien a su nombre», «lo que determina la nulidad de la misma». Se trata del título esgrimido por los demandados y por el que Franco, a título particular, logró la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.

Sostiene no hay «ninguna operación» entre las partes, porque el Pazo de Meirás «se había entregado a la Junta Pro Pazo del Caudillo en la primavera de 1938, comprado en escritura pública por la Junta el 5 de agosto de 1938 y la Junta Pro Pazo hizo entrega formal al caudillo el 5 de diciembre de 1938». «El 24 de mayo no se entrega a Franco el pazo y Franco nada paga. La vendedora ya había vendido. La reservista, Manuela Esteban Collantes y Sandoval, ya había renunciado a su derecho. Franco nada compra», subraya.

De este modo, la jueza estima de forma íntegra la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado en representación del Gobierno español, respaldada por la Xunta, los Ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial.

Añade en su resolución que los Franco no deben ser indemnizados por los gastos que aseguraron asumir para mantener la propiedad porque esta se incorporó al patrimonio de la familia «de mala fe». Y recuerda la juez que el Estado asumió todos los gastos de la residencia estival del dictador.

Al entender que la propiedad del pazo es del Estado, la jueza declara también nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con el inmueble, así como la donación de las fincas que se recoge en una escritura de noviembre de 1982.

«Victoria»

Tanto el delegado del Gobierno en Galiza, Javier Losada, como representantes de la Xunta, la Diputación de A Coruña, los Ayuntamientos de A Coruña y Sada, partidos políticos y varias entidades sociales celebraron como una «victoria» el fallo, que no es firme y que el abogado de los herederos del dictador, Felipe Utrera Molina, dijo que recurrirán.

«La democracia plena se consigue recuperando la memoria histórica», indicó Losada, quien, animó a partidos y Ayuntamientos a reclamar otros bienes de la familia Franco, como la Casa Cornide en A Coruña.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, celebrado con «enorme satisfacción» una sentencia «histórica» que supone «restaurar la memoria colectiva» y que les anima a «seguir luchando para la devolución de la Casa Cornide al patrimonio de los coruñeses», otra propiedad de los Franco en A Coruña que también reclama la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica.

El PSdeG y el BNG coincidieron en proseguir esta vía para recuperar no solo la Casa de Cornide sino también las estatuas del Pórtico de la Gloria en manos de la familia Franco «para hacer justicia a las víctimas de este expolio y para restituir la memoria histórica y la dignidad colectiva».

Para Galicia En Común en el Congreso, el fallo supone «una victoria democrática que pondrá fin a décadas de impunidad».