Para el Estado español hubiera sido tan fácil como cumplir la ley, su propia ley, y el preso vasco Igor González habría estado en libertad, en su pueblo, con su familia, después de haber cumplido más de las tres cuartas partes de una condena de veinte años por colaboración con ETA y haber salido como cualquier otro preso porque así lo establece la ley, pero no la divina, ni la del talión, ni la de la gravedad, no, la ley española, esa que se estira y se encoge a conveniencia, la misma que te la «afina» un ministro si fuera necesario o, como declarase otro honorable, «se construyen nuevas imputaciones», que para eso también hay ministros expertos en mirar para otro lado y no da réditos electorales cumplir la ley con los presos vascos. De hecho, Igor González no estaba preso, estaba secuestrado. Ya debía haber salido en libertad pero, por encima de sus propias leyes, el mismo Estado que se lo impedía ni siquiera ha sido capaz de velar por su seguridad como era su obligación. No recuerdo quién dijo una vez que el grado de desarrollo de una sociedad se mide por la forma en que trata a sus presos pero cada dos días muere uno en las cárceles españolas. Y son veinte los presos vascos muertos en prisión. Aunque no figure en el Código Penal, ser vasco sigue siendo un delito dentro y fuera de la cárcel.

(Preso politikoak aske)