El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró ayer en el Senado, «lamentar profundamente» la muerte el pasado viernes en Martutene del preso bilbaino Igor González Sola. Nunca antes un jefe del Ejecutivo español se había referido en esos términos al fallecimiento de un preso político vasco.

Sánchez arrancó así su respuesta a la interpelación del senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta en relación a la muerte de González Sola, durante su comparecencia en el Senado para hablar de la gestión de la pandemia y de los próximos presupuestos.

Sin embargo, no cuestionó la política penitenciaria de excepción que aplica su Gobierno al colectivo de presos vascos y, por supuesto, no mencionó una posible modificación de la misma.

Es más, defendió la actuación de Instituciones Penitenciarias en el caso del preso bilbaino, con dos intentos previos de suicidio y con las tres cuartas partes de su condena cumplidas en marzo, por lo que debería haber estado en libertad. «El desgraciado suceso de la semana pasada debe servirnos de estímulo para mejorar, pero ha habido una atención correcta de la autoridad penitenciaria con Igor González Sola. Es importante que conste en acta», subrayó.

Se limitó a indicar que la legislación penitenciaria española se basa en un «tratamiento individualizado», que en lo que respecta a los presos vascos su Ejecutivo ha realizado «90 actuaciones» y que «siempre» actúa «en cumplimiento de la legalidad y la defensa de los derechos humanos». «No hay mayor garantía de cuidado de los derechos humanos que la atención individualizada», sostuvo, y puso el caso de Igor González Sola, trasladado en julio a Martutene «teniendo en cuenta sus circunstancias personales y penitenciarias», como ejemplo de esa «atención individualizada».

Sánchez respondió así a la interpelación de EH Bildu, que la víspera había anunciado que llevará a todas las instituciones este caso. En su interpelación, Elejabarrieta le exigió que cumpla su palabra y cambie la política penitenciaria para adecuarla a los tiempos actuales. «Es hora de pasar de las palabras a los hechos, que la de Igor sea la última muerte, señor presidente, es la hora de hacer lo correcto».

Le recordó que ha pasado casi una década desde que ETA puso fin a su actividad armada y desde que «su partido se comprometiese, entre otras cuestiones, a poner fin a la política penitenciaria de excepción», que, según destacó, sigue vulnerando los derechos fundamentales de los presos y de sus familiares, «más aún en esta época de pandemia».

Manifestó que la muerte de González Sola se podría haber evitado «si se hubiese cumplido la legalidad, tanto la española como la europea». «Era un preso enfermo, que había intentado suicidarse varias veces en el pasado, que había cumplido las tres cuartas partes de la condena y que debería estar en libertad».

Y citó otros conflictos, como el de Irlanda o el de Sudáfrica, que demuestran que «sin resolver la cuestión de los presos es imposible avanzar en la paz», al tiempo que incidió en que la convivencia y la construcción de la paz «necesitan imperiosamente de una política penitenciaria diametralmente opuesta a la actual. El respeto escrupuloso de los derechos humanos así lo exige».