Una vez mas la muerte de un preso en la cárcel ha conmocionado a la opinión pública de Euskal Herria. En este caso se trata de un preso político vasco, que llevaba más de quince años preso, muchos de ellos en las excepcionales condiciones de dureza, que se les aplican, que incluyen dispersión y traslado a prisiones a cientos de kilómetros de su lugar de arraigo familiar, aislamiento en el centro de destino, clasificación casi eterna en primer grado y otro tipo de medidas tendentes a acabar con la capacidad de resistencia de las personas a las que se somete a este tipo de tortura blanca.

En este caso el fatal desenlace se ha producido en la prisión donostiarra, pero ese final ha ido germinando a lo largo de los años de encierro en las extremas condiciones a que nos referimos.

Interpelado Pedro Sánchez sobre el caso se ha referido a Igor González Sola como «el preso que se suicidó en Martutene», como si eso les eximiese a él y a su gobierno de las responsabilidades políticas y patrimoniales de la administración penitenciaria por lo ocurrido.

El Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad y, si, como en este caso, esa garantía no se ha producido, debe responder por sus actos, sean voluntarios o negligentes. Todos recordamos las imágenes de presos en huelga de hambre atados a la cama para alimentarlos forzosamente, apelando los tribunales a esa obligación del Estado de garantizar su vida. Ahora, en cambio, alegan que se ha suicidado, para llamarse andanas o como si eso, que aun está por ver, les eximiera de su responsabilidades.

Igor había dado ya varios avisos de encontrarse al límite de su resistencia y pese a ello, ha aparecido muerto solo en su celda, lo que hace pensar en que no se le aplicó el protocolo obligado en estos casos y en que ya se le incluyó con anterioridad. Además cumplía los requisitos legales para ser excarcelado, y no se hizo. Fatídicas negligencias. No es el primero; que sea el ultimo.

Lepoan hartu ta segi aurrera!