El Congreso español avaló ayer la prórroga durante seis meses, hasta el 9 de mayo, del estado de alarma acordado por el Consejo de Ministros el pasado fin de semana, que servirá de marco legal para las medidas que se vayan a adoptar para afrontar la segunda ola de la pandemia.

Un periodo para el que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió a la ciudadanía «un esfuerzo más», ya que, según advirtió durante su intervención, todavía están por venir «meses muy duros», y porque la situación ya es «muy preocupante», con los contagios y la presión hospitalaria en ascenso.

Pandemia económica y social

El debate sobre la prórroga, que es distinta a las de la primavera, pues dura medio año y no quince días y tiene a las comunidades como autoridades delegadas en lugar de al Gobierno de Pedro Sánchez como mando único, se saldó con un apoyo mayoritario, con Vox como único grupo que votó en contra, y la abstención del principal partido de la oposición, el PP, que coincidió en el voto de otros partidos de tendencias tan dispares como JxCat, UPN y la CUP.

También se abstuvo EH Bildu, cuya portavoz, Mertxe Aizpurua, valoró que la medida es «necesaria» pero «insuficiente» y no contiene medidas para frenar «la pandemia económica y social». «No hemos aprendido todo lo que cabría esperar de la primera oleada de la pandemia, no se han hecho los deberes para afrontar la segunda; espero que aprendamos para evitar llegar a una tercera», expuso la diputada independentista en su intervención en el pleno. Opinó asimismo que el decreto no contiene las medidas de protección de los derechos sociales necesarias para que la crisis sanitaria no devenga en otra económica y social «imposible de frenar», y que, advirtió, se tendrán que aprobar antes o después para garantizar el bienestar colectivo.

«La necesidad de más personal sanitario es ya, los sectores económicos más afectados necesitan apoyo ya. Si se hace mañana, será tarde», avisó.

Antes de la votación de la prórroga, el Congreso se pronunció sobre las propuestas de los grupos para modificar el decreto ley, de las que salieron adelante las presentadas por ERC y PNV.

La formación jeltzale pedía que enclaves como Trebiñu, territorio alavés bajo control burgalés, reciban el mismo tratamiento frente a la pandemia que la provincia circundante. Su portavoz, Aitor Esteban, defendió que el estado de alarma se pueda prolongar durante seis meses como plantea el Gobierno porque, argumentó, respeta los marcos competenciales de las comunidades autónomas.

Por su parte, ERC pactó con el PSOE una propuesta de resolución que obliga a Pedro Sánchez a rendir cuentas cada dos meses de la aplicación del estado de alarma. Esas comparecencias serán en paralelo a las que protagonice mensualmente Illa ante la Comisión de Sanidad.

 

Rechazan el plan de hostelería de EH Bildu entre quejas del sector

PNV y PSE rechazaron ayer la propuesta de un plan de rescate para la hostelería presentado por EH Bildu, sobre cuyo eje coincidieron finalmente todos los grupos de la oposición en la Cámara de Gasteiz. El plan recogía la universalización de las ayudas de Lakua del 8 de abril, que no llegaron al 60% de quienes tenían derecho a ello; también contemplaba pagos directos por «cese de actividad»; intervención en los alquileres y aplazamientos de deudas y de tasas e impuestos para la hostelería.

Los partidos del Gobierno presentaron una alternativa que, de nuevo, volvía a incidir en seguir haciendo lo que ya se hace, pero sin concreciones numéricas.

Al debate asistieron representantes de Euskal Dendak que agradecieron la empatía de EH Bildu y exigieron más ayudas concretas y menos discurso, porque el 50% del sector puede cerrar. Euskal Herriko Tabernariak criticó la criminalización del sector y anunció movilizaciones para el próximo 7 de noviembre.I.I.