PSOE y UP se enfrentan por las alianzas para unos presupuestos con acento vasco

Los partidos de la coalición de Gobierno pugnan por el rumbo que marcará la negociación presupuestaria: los socialistas cortejan a Ciudadanos y los morados quieren reforzar la mayoría de la investidura. EH Bildu y PNV, actores clave de una negociación con estos entresijos.

El Gobierno estatal ha tenido esta semana su mejor noticia legislativa desde su investidura en enero pasado. El primer test legislativo de los Presupuestos, en el que se debatieron las enmiendas a la totalidad, ha salido adelante con una mayoría reforzada de 199 escaños y 151 en contra. Con nuevos posibles aliados en proceso de seducción como Ciudadanos y el PDeCAT, Moncloa espera un camino más despejado para la aprobación más importante que tiene por delante, aunque con chispazos entre los socios de la coalición por la estrategia de alianzas.

La novedad de esta semana ha sido a dos bandas: la primera, que el PSOE y Cs han dado un paso más en su acercamiento de posiciones y en el coqueteo mutuo que les sirve a ambos. La segunda, el anuncio de Arnaldo Otegi de que EH Bildu apoyaría los Presupuestos de no haber un cambio de profundidad en su contenido. Como las votaciones son noes contra síes, el pase de la abstención al positivo de este grupo allanaría aún más el camino porque sumaría cinco votos a su mayoría de investidura.

La negativa tajante viene de PP, Vox, Foro Asturias, UPN, la CUP y Coalición Canaria. Los de JxCat, que responden al liderazgo de Carles Puigdemont (escindidos en la práctica de los cuatro neoconvergentes del PDeCAT), y el del BNG han advertido de que sus enmiendas a la totalidad han sido una llamada de atención para que se oigan sus demandas, pero su negativa podría pasar a la abstención o al positivo.

Además de las fuerzas de la coalición se esperan los votos favorables de Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, los neoconvergentes y el PNV, que hasta ahora no ha confirmado su voto positivo porque sigue negociando, aunque su alianza con el PSE en la CAV haría insólita su abstención.

Coalición en colisión. Pero la pelea de fondo es mayor; es hacia dónde va el campo de alianzas del Gobierno de coalición. La diferencia ya se nota hace meses, pero cada vez es más ruidosa. El PSOE quiere ampliar su margen de alianzas y coquetea con pactos a la derecha, mostrándose en el centro y aprovechándose de la necesidad de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de desmarcarse de la fracasada estrategia de Albert Rivera. Ahora los liberales se conforman con ser el pivote de la Moncloa que tanto anhela el Ibex 35 para erosionar el rol de Unidas Podemos.

De la vereda de enfrente, el vicepresidente Pablo Iglesias insiste en la necesidad de consolidar la mayoría de investidura y blindar el matiz progresista del Gobierno central. Desde el círculo cercano del líder de Podemos explicaron a GARA: «De lo que trata UP es de que no esté Ciudadanos en la coalición de los PGE, pero no por vetos sino simplemente para consolidar una mayoría con coherencia política en la que haya partidos de izquierdas y nacionalistas. En la que haya políticas de escudo social y mucho diálogo territorial. Ciudadanos simplemente no representa ni lo uno ni lo otro».

Desde la Vicepresidencia señalan que Iglesias esto «lo entiende perfectamente, pero desde la lucha legítima está tratando que haya coherencia y ética con los partidos que hicieron presidente a Pedro Sánchez». También constatan la «desesperación» de Ciudadanos y creen que cómo acabe esto dependerá de lo flexible que acabe siendo la formación naranja, pero miran con calma el juego mediático articulado por el jefe de Gabinete, Iván Redondo, ya que los 35 escaños morados son irremplazables. Un pacto que viole el acuerdo de investidura y haga ceder demasiado sencillamente haría caer el Ejecutivo.

Otra cosa son los matices. UP no aceptará que no se incremente el IRPF, pero aceptó negociar el monto. De hecho, el portavoz de Cs, Edmundo Bal, aseguró tras reunirse con Montero que consideraba «respetadas las líneas naranjas» que ellos planteaban y que era un buen «punto de partida para ponerse a negociar». Destacó que la subida del IRPF será para ingresos superiores a 300.000 euros, que no elevaría el Impuesto de Sociedades y que la ministra prometió que no se aumentaría el impuesto al diésel.

Sobre esta tasa al carburante también reclama el PNV, según dijeron a NAIZ fuentes que participan de las conversaciones entre la coalición del Gobierno (Montero y el secretario de Estado, Nacho Álvarez) y Aitor Esteban. Los votos del Grupo Vasco no están confirmados y ésta es una de las principales causas. Sugestiva coincidencia entre Cs y PNV.

Las negociaciones con los partidos vascos merecen un apartado. Desde Podemos confirmaron a GARA que el anuncio de EH Bildu no los tomó por sorpresa sino que fue una estrategia conversada, como demuestra el inmediato mensaje de Twitter de Iglesias saludando las intenciones del grupo que comanda Mertxe Aizpurua. Además, los morados también juegan su propia partida contra el PNV, con quien mantienen una relación cordial pero de enfrentamiento especialmente en políticas económicas.

«Por primera vez en el Gobierno del Estado, una fuerza vasca incide en el rumbo y no es el PNV y esto ocurrió sin siquiera empezar el debate. EH Bildu se anticipa y es el referente de apoyo al Gobierno al menos por unos días porque el PNV aún no formaliza su acuerdo», señalaron desde la cúpula de Podemos.

Fuentes conocedoras de los vaivenes de la negociación recalcaron un detalle: EH Bildu pedía una reunión con Montero antes de que acabara el periodo de presentar enmiendas a la totalidad. El Ejecutivo lo concede, pero para diluirlo convoca también a todos los partidos. De hecho, Moncloa difunde la foto con Cs con premura pero la imagen con EH Bildu la envía cerca de la medianoche, después de los telediarios. La coalición abertzale tomó nota y comunicó un apoyo que el PSOE ya no pudo esconder.

La meta de Sánchez. Desde la Secretaría de Comunicación confirmaron a GARA que el objetivo de Sánchez es que la aprobación de los presupuestos «sea antes de fin de año» y creen que esos tiempos «cumplen el calendario» de tratamiento legislativo (comenzarán a debatirse las enmiendas en los próximos días).

En esto el PSOE tiene un aliado: ERC. Sus 13 diputados «están entre el sí y la abstención», aseguran desde el Gobierno, aunque entienden que los republicanos «no pueden permitirse» demostrar mucho entusiasmo. Cuanto más lejos sea la aprobación de los PGE con respecto a las autonómicas de Catalunya, mejor para ellos. En la negociación con los soberanistas participa Iglesias, que dialoga con el president interino catalán, Pere Aragonès, y con el portavoz Gabriel Rufián. El diputado de En Comú Podem, Jaume Asens, también trata de acercar posiciones con los neoconvergentes y con los de JxCat.

En lo que coinciden los soberanistas es en que no puede ser incorporado Cs a la alianza que apoye los PGE desde un rol central. Los de Arrimadas creen lo mismo, pero a la inversa. Fuentes del grupo parlamentario dijeron a GARA que su apoyo «dependerá de la foto final, porque es incompatible (su voto) con Bildu y ERC porque ellos no quieren la igualdad entre los españoles».

Así las cosas, la bola empieza a rodar en el tablero de las Cortes y además de política se hablará, cómo no, de dinero. Podría haber modificaciones por las peticiones sobre algunos ítems de la reforma laboral, el diésel y algo de impuestos. A Moncloa le quedan seis semanas para lograr su objetivo. La volatilidad del 2020 le recuerda que relajarse no es un lujo que se pueda dar.