La Ley de Seguridad Global, adoptada en primera lectura por la Asamblea Nacional francesa, provocó una marea de movilizaciones el sábado en el Hexágono, donde la temperatura de la calle emulaba la alta graduación que experimentó exactamente hace dos años con el alzamiento de los «chalecos amarillos».

Organizaciones de periodistas, asociaciones de abogados, sindicalistas, militantes ecologistas o de formaciones de izquierda hexagonal, y con ellos decenas de miles de personas, decidieron que era hora de decir «basta» a la versión francesa de la Ley Mordaza.

La agresión sufrida por Michel Zecler, apaleado por la Policía entre insultos racistas en su estudio de música en París, ejerció de catalizador de la protesta. Cuatro agentes han sido imputados por esa paliza.

El número de ciudadanos que bajaron a las calles fue claramente superior al del sábado precedente y la mayor transversalidad del movimiento de protesta se explica, al menos en parte, también por la brutalidad de unos hechos que fueron inmortalizados por las cámaras de seguridad.

No obstante, a la vista de otros rostros reventados en el curso de las marchas de las libertades, lo que ha quedado meridianamente claro es que no se puede presentar lo ocurrido a Zecler solo como «una escena que impacta» por emplear las palabras del propio presidente francés, Emmanuel Macron, y de su ministro de Interior, Gérald Darmanin, más que nunca en la diana, sino como el último fotograma de una película interminable y plagada de planos que ponen en cuestión los métodos policiales.

Baiona fue una de la decena larga de ciudades que acogieron protestas para exigir la retirada del proyecto.

A la vista de la situación, el Gobierno francés trata de apagar el incendio provocado por la Ley de Seguridad con una «nueva redacción completa», a cargo de la Asamblea Nacional y el Senado, del controvertido artículo 24, en un intento de resolver la cuestión zurciendo un acuerdo que contente a los medios y calme el clima de protesta.

Sin embargo, esa pretensión de dificultar la captura y difusión de imágenes de policías, con ser un recorte evidente de la libertad de expresión, no es la única amenaza que incluye la ley.

Otros pasajes inquietantes de la ley. Poco se ha hablado de la prerrogativa que otorga el proyecto a los agentes para poder acceder a cualquier lugar público armados aunque no estén de servicio, con los riesgos que ello puede acarrear.

El silencio sobre ese y otros pasajes –sin ir más lejos la militarización creciente de las Policías locales o la ampliación de funciones de las policías privadas– da cuenta de que, al menos en parte, amplias capas de la ciudadanía gala avalan, por convicción o por resignación, los esquemas de seguridad que favorecen que se produzcan con demasiada frecuencia –y ahora también lejos de los barrios populares– escenas de violencia que llevan a los «republicanos de bien» a golpearse pecho, para darse por satisfechos poco después con que las medidas disciplinarias alcancen a los autores materiales.

En todo caso, el rechazo a la norma impulsada por Macron con el objetivo de dejar bien cubierto el flanco de la «derecha sin complejos» a año y medio de las elecciones presidenciales, no ha sido la única causa que ha llevado a los vascos de los tres territorios del norte del país a tomar mando en plaza.

Si en las horas previas a la entrada en vigor del reconfinamiento aligerado que se prolongará al menos hasta el 15 de diciembre estuvieron marcadas por las protestas de los hosteleros, descontentos con la decisión de prolongar hasta el 20 de enero el cierre de sus negocios, el sábado por la tarde eran otros representantes de «actividades no esenciales» los que saltaban a la plaza de la Libertad en Baiona.

Las gentes de la cultura, de riguroso luto, hacían patente así su situación, dado que desde las limitaciones de aforos a las suspensiones de certámenes, las medidas para frenar al covid-19 han dejado la vida cultural en la UCI.

Finalmente, las restricciones que llevan el sello sanitario tienen implicaciones, pero, sobre todo, obedecen a decisiones políticas que cada vez son respondidas y con mayor desparpajo en las calles.

Ello, cuando desde el sábado solo la apertura comercial y el salvoconducto que amplía las salidas del domicilio para hacer deporte hacen patente que se ha pasado a un estadio más flexible del reconfinamiento.

Legislaciones añejas que impactan en el nuevo tiempo. En Larresoro fue la solidaridad con un vecino, Oier Oa, atrapado en la amalgama de legislaciones «antiterroristas», la que llevaba a los vecinos a salir a la calle en la tarde-noche del sábado.

El despliegue policial decretado por la Prefectura, evocando ya la situación sanitaria ya la amenaza yihadista, ha llenado calles y carreteras de Ipar Euskal Herria de controles policiales y en esa red son ya varios los expresos que han visto cómo sus vidas cotidianas se verían alteradas por disposiciones adoptadas con años o décadas de decalaje con respecto al nuevo contexto abierto en este país.

Primero fue el caso del gasteiztarra Igor Uriarte, autorizado a poner en marcha una explotación agrícola en Urruña por la propia Prefectura, pero luego detenido «en un control rutinario» que tuvo como consecuencia que se pusiera de nuevo en marcha la maquinaria judicial y administrativa que le ha obligado, al igual que al ya citado Oier Oa, a retornar al sur del país, a expensas de lo que deparen futuras decisiones de tribunales.

También a Peio Alcantarilla, retenido el 11 de noviembre en la muga, el Tribunal de Baiona le ha puesto cita, el 14 de diciembre, para abordar su situación, ya que, como la mayoría de los presos y expresos, su nombre aparece en el fichero Fijait, creado en 2016, tras los atentados yihadistas en París.

Esos casos dejan en evidencia que la vieja maraña secundaria puede seguir generando efectos indeseados durante años y décadas de no darse un aggiornamento con el tiempo político.

Es posible hacer borrón y cuenta nueva. Ya se hizo con la retirada del estatus de peligrosidad (DPS) que impedía hasta hace poco a los presos vascos avanzar en su situación penitenciaria.

Mascarillas desde los seis años de edad. Por lo demás, y volviendo a la gestión de la pandemia, el último fin de semana ha dejado en evidencia que las medidas sanitarias, más allá de los impactos sectoriales, generan gran controversia. También ha puesto de manifiesto que, por su complejidad, no todas las respuestas pueden ser metidas en el mismo saco.

En esta ocasión han sido los padres y madres los que se han concentrado en Baiona para denunciar la decisión del Gobierno de rebajar la edad para el uso de la mascarilla.

Efectivamente, si durante la primera etapa de la pandemia la regla en vigor obligaba a los chavales a utilizar la mascarilla partir de los 11 años, tras las vacaciones de Todos los Santos se ha extendido su uso obligatorio desde los 6 años de edad.

El cuestionamiento de la medida sanitaria, atendiendo a sus implicaciones negativas en el bienestar sicosocial de los menores, gana terreno entre educadores y progenitores.

A la vista de la paleta de colores que se ha expresado el fin de semana, solo puede inferirse que el confinamiento no ha aplacado la voluntad de actuar en clave ciudadana. Eso y que el espacio urbano que alberga el consistorio baionarra, plaza de la Libertad, está más justificado que nunca.

pandemiaren efektu politikoak ipar euskal herrian

Asteburu zirraragarria izan dute Ipar Euskal Herrian, eta herritarrek agerian utzi dute denak ez duela balio –Segurtasun Orokorrerako Legea– eta ez dela komeni pandemiaren aurrean ematen diren erantzunak sinplifikatzea. Lege berriaren eta Poliziak beltz bati emandako jipoi bortitzaren aurkako manifestazio jendetsuak izan dira eta Gobernu frantsesak 24. artikulu polemikoa berrikusiko duela iragarri du, protesta baretzeko asmoz. Euskal herritarrak kalera atera ziren ostalaritzan inposatutako murrizketengatik, sei urtetik gorakoek maskara erabiltzeko derrigortasunagatik eta Oier Oa, Igor Uriarte eta Pello Alcantarilla preso ohien kasuengatik ere.