El 50 aniversario del Proceso de Burgos se fundía ayer con la efeméride número 42 de la Constitución española. Conviene reparar primero en ello; nada más que ocho años habían pasado entre ambas fechas, lo que diluye la falsa impresión de que aquel juicio sumarísimo de 1970 es pasado absoluto y la reforma de 1978 puro presente.

El reportaje que hoy firma en estas páginas Ibai Azparren recuerda quiénes y cómo eran aquellos jueces militares que dictaban penas de muerte por partida doble y sacaban sus armas ante un himno en otra lengua. Hoy día muy pocos ponen en duda que los ruidos de sables condicionaron aquella Constitución, e incluso recortaron su posterior implementación mediante el «tejerazo» de 1981. Y es pura evidencia histórica que su nudo central, la reinstauración monárquica, ya lo había dejado atado y bien atado Franco nombrando sucesor a Juan Carlos de Borbón, el 22 de julio de 1969. Sí, año y medio antes de Burgos.

Frente a las aspiraciones democráticas catalana y vasca, al dictador le cogió el relevo el monarca; Fraga se transmutó en Martín Villa, Barrionuevo o Fernández Díaz; Ordovás y Troncoso dejaron como secuela garzones o marchenas; los procesos de Burgos se han ido reproduciendo periódicamente en la Audiencia Nacional o el Supremo; y con el discurso amenazante de Felipe de Borbón el 3 de octubre de 2017 la monarquía española sacó su sable.

Obviamente 50 años no pasan en balde, tampoco 42. Los pueblos hacen sus caminos, casi nunca lineales. Hoy es el día en que esa Constitución suscita en Euskal Herria la misma o mayor desafección que cuando se diseñó en el posfranquismo. Es también el día en que en España no han cuajado mayorías suficientes para cambiarla, pero sí una percepción creciente de fraude y podredumbre, una notoria vergüenza ajena ante la figura de los Borbones, una asunción progresiva de que vascos y catalanes tenían razón cuando lo han llamado Régimen del 78.