Por sentencia del 28 de enero, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado «inconstitucional y nula» la parte del artículo 3.4 de la Ley de Medio Ambiente de la CAV que permite la acción popular en la «vía jurisdiccional» en causas que van contra esta ley. Asegura que la legislación estatal no lo permite. En la causa, la Diputación de Gipuzkoa pidió al TC que admitiera la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TSJPV, mientras que el Gobierno de Lakua, el Parlamento de Gasteiz y la Fiscalía General del Estado se opusieron a ella.

La decisión del TC tiene dos efectos. Por un lado, se cercena el autogobierno vasco al suprimir parte de una ley. Por otro, permitirá al TSJPV apartar probablemente a la asociación GuraSOS de un litigio sobre la Incineradora de Zubieta.

El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, que dirige Olatz Garamendi, aseguró ayer, consultado por GARA, que «lamenta» la decisión del TC y dice ser «consciente de que responde a una doctrina reiterada de vaciamiento de la competencia autonómica para este tipo de supuestos».

En cuanto al hecho de que esta decisión del Tribunal Constitucional se adopte por petición de la Diputación Foral de Gipuzkoa, habla de «la aparente falta de coherencia en la actuación ante el TC en relación con la defensa del autogobierno», y dice que «no debiéramos valorar la actuación profesional de los letrados que representan a otras instituciones, pues son los mismos que representan a la Diputación Foral de Gipuzkoa cuando gobernaba tal institución la izquierda abertzale».

El Ejecutivo de Lakua parece sugerir que las decisiones sobre materia de inconstitucionalidad las adoptan los letrados por voluntad propia, y no actúan siguiendo instrucciones de quienes gobiernan la institución.

Por otro lado, pese a defender la ley vasca, el Gobierno de Lakua sigue manteniendo que, por otras razones, GuraSOS no está legitimado para impugnar resoluciones medioambientales que se tomaron antes de su propia creación.

El Parlamento no se posiciona

Otra de las partes que se personó en el caso ante el Tribunal Constitucional fue el Parlamento de Gasteiz, que defendió la constitucionalidad de la Ley de Medio Ambiente y también la legitimidad de GuraSOS para personarse en la causa que se sigue en el TSJPV sobre la Incineradora de Zubieta.

Consultadas por este diario, fuentes oficiales de la Cámara autonómica comentaron que la Mesa conoció la sentencia en la reunión que mantuvo el martes y que «no hubo ninguna reacción a la misma». Añadieron que «los recursos de inconstitucionalidad sean a favor o contrarios» de la posición mantenida por el Parlamento «no conllevan un posicionamiento institucional» sobre el mismo.

En su escrito ante el TC, la Cámara recordó que hay otras siete comunidades autónomas con disposiciones similares a la ley vasca que no han sido recurridas. El Tribunal responde que eso es «irrelevante» para el ejercicio de su jurisdicción.