Una anomalía mil veces repetida se convierte en normalidad. Lo hemos constatado con los fallecidos por la covid. La muerte ya no es noticia. Con la tortura acontece algo similar. Estudios, trabajos, testimonios... nos indican que ha sido una práctica habitual en las comisarías, que miles de vascos han sido vejados, violados y hostigados incluso hasta la muerte. Y, sin embargo, semejante crimen sigue teniendo una categoría despreciable para parte de la comunidad política. Al menos 6.000 vascos han sido torturados y sus nombres vagan en la oscuridad.

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prohíbe explícitamente la tortura, diecisiete vascos, quizás más, han muerto a manos de sus torturadores, como si desde la Edad Media apenas hubiera bufado el aire en ese reino llamado España. De ellos, recordamos a Joxe Arregi a quien hace ahora cuarenta años torturaron hasta la muerte. Y aunque su historia es la de otros hombres y mujeres, su relato identifica la gratuidad de la tortura para quienes la cometen. La protección que recibieron los criminales y el escarnio que sufrieron las víctimas.

Joxe Arregi fue detenido en Madrid junto a su compañero Isidro Etxabe. De la redada escapó, entre otros, Andrés Izagirre Gogorza, muerto por la Guardia Civil en una emboscada unos meses después. Al día siguiente fueron detenidas la sueca Ann Brundin y la chilena Lucía Vergara. Ambas fueron torturadas, Lucía en especial, a quien dos años más tarde, ya en libertad, mató la Policía chilena en otra emboscada. Un drama silenciado.

En el hospital de Carabanchel, el polimili Iñaki Agirre, José Luis Fernández (Grapo) y Luis Alonso (PCr) atendieron a Joxe: «Oso latza izan da». Fueron testigos de su agonía y gracias a ellos su muerte trascendió al exterior. Los presos de ETA y de los Grapo en Carabanchel, 114 entonces, hicieron una huelga de hambre para amplificar la noticia. Juan Cruz Unzurrunzaga y Vicente Ameztoy entraron en la morgue de Zizurkil para hacer aquellas fotos que desvelaron las trazas de la tortura.

A pesar, José Manuel Blanco, entonces jefe de la Policía, dijo: «Arregi jamás fue objeto de malos tratos». Juan José Rosón, ministro del Interior, voceó: «Arregi se produjo las lesiones en forcejeo con la Policía». “ABC”, hoy en Vocento junto a sus socios vascos, editorializó: «Coincidencia total en que Arregi no murió por torturas». Txiki Benegas (PSOE) añadió: «Hay que dar un nuevo paso apoyando a la Policía». Y Julián Marín Ríos, uno de los agentes que torturó hasta la muerte a Joxe, sentenció: «Es público y notorio que los terroristas se autolesionan y luego denuncian malos tratos».

El calvario comenzaba entonces. Un total de 73 agentes habían «interrogado» al Arregi. De ellos fueron identificados once y detenidos cinco. Las fotografías del cadáver habían horrorizado a los ciudadanos honrados. Pero unos días después llegó el golpe de Estado (23F) y antes de que se supiera su resultado, los cinco fueron puestos en libertad. De ellos Julián Marín Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales serían imputados y absueltos en 1983 y 1985, hasta que el Tribunal Supremo los condenó a cuatro meses de arresto que no cumplieron.

¿Cuál fue el porvenir de los protagonistas de aquella ignominia? Desde un punto de vista «profesional», su futuro fue brillante. Rosón continuó de ministro. A sus espaldas, la desaparición de Naparra, los muertos de Almería y los del Bar Hendayais. Manuel Ballesteros, comisario general de Información, ascendió a la cúpula del MULC, elaboró el Plan ZEN y asesoró al Gobierno del PSOE, junto a Domingo Martorell, en las conversaciones de Argel de 1989. Martorell había dirigido los interrogatorios a Arregi. Cuando abandonó la Policía fue fichado por Antena 3. Francisco Laina, director de Seguridad del Estado, falangista de carnet, fue agasajado por el PSOE con la Orden del Mérito Constitucional y en 2007 fundó, junto a Andrés Cassinello, la Asociación para la Defensa de la Transición.

El ministro de Justicia Francisco Fernández Ordoñez, de UCD, se afilió al PSOE y fue ministro y embajador en EEUU y la OTAN. Su hijo director del Banco de España. Adolfo de Miguel y José Zugasti, los abogados que defendieron a los torturadores, repitieron con los golpistas del 23F. Los cuatro médicos que «examinaron» a Arregi y no vieron signos de tortura engordaron. Santiago Martín Pachón, jefe servicios médicos de la Policía, apareció también en el «Caso Nani» (Santiago Corella) y su hermano Salvador fue imputado por torturas en Bilbao a Julen Zabalo. Miguel Usieto se convirtió en médico de la Policía y luego de Muface y Asisa. Isidro Álvarez, psiquiatra, trabajó para los laboratorios Cobrial y Javier Estreros entró en el Severo Ochoa y en 2008, con Gobierno de Zapatero, irrumpió en el Ministerio de Sanidad.

Los jueces que absolvieron a los torturadores tuvieron también un plácido recorrido. Mariano Rodríguez Esteban y Enrique Calderón llevaban la toga desde los tiempos profundos del franquismo. Juan Manuel Sanz Bayón, que en el segundo juicio emitió un voto particular, alcanzó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

De los once agentes identificados que participaron en los «interrogatorios» a Joxe, José Antonio González llegó a director de la Policía Judicial. Su nombre apareció en la Operación Malaya, pero fue avalado por Rubalcaba. Ricardo Sánchez llegó en 2004 a jefe de la Unidad de Desaparecidos. Gil Rubiales, uno de los dos condenados, fue destinado a Donostia y luego a Iruñea. En la capital navarra fue imputado por disolver con cadenas y bates de béisbol una manifestación exigiendo la verdad sobre la muerte de Mikel Zabalza. En 1982 recibió la Medalla al Mérito Policial y concluyó su carrera como comisario general en Tenerife. Marín Ríos, destinado en Donostia antes de las torturas a Arregi e implicado en la muerte de Argala, estaba en Ecuador cuando fueron secuestrados y torturados Aldana y Etxegarai. Concluyó su carrera como jefe de la unidad de detección de explosivos de la Policía.