El juicio contra el candidato presidencial Viktor Babariko comenzará el viernes. Acusado de soborno y blanqueo de dinero, delitos muy ubicuos para deshacerse de rivales políticos, será juzgado en primera instancia por el Tribunal Supremo de Bielorrusia, lo que dejará el caso sin posibilidad de apelación. Junto con él se sentarán en el banquillo otros directivos de Belgazprombank que han admitido su culpabilidad y ha colaborado con las autoridades «exponiendo a otras personas». El único que no se ha arrepentido ni ha denunciado a nadie ha sido Babariko, lo que ha sentado mal a las autoridades y al resto de acusados. Al igual que está ocurriendo en Catalunya con los detenidos durante el procés, amenazar con graves consecuencias penales si no se admite la culpabilidad se ha convertido en una práctica cada vez más habitual en regímenes autoritarios con un débil sistema judicial.

Babariko no es el único dirigente perseguido. A principios de mes, la esposa del ex primer ministro Sergei Rumas anunció que su esposo había abandonado Minsk. Alexander Lukashenko lo cesó en plena campaña electoral, en junio de 2020, y nombró en su lugar a Roman Golovchenko, miembro de las fuerzas de seguridad. Según se comenta en la capital bielorrusa, Rumas era un liberal poco adecuado para el cargo de jefe de Gobierno durante un período electoral difícil. A este respecto, el politólogo bielorruso Igor Tyshkevich señaló a “Nezavisimaya Gazeta” que el Kremlin está descontento con el retraso en las reformas. «Para el período de transición, se necesita un candidato que sea potencialmente popular entre el núcleo de las protestas y que esté avalado por la actual dirección. Rumas era una de esas figuras», aseguró.

Cargos ridículos

Sin embargo, la represión en Bielorrusia no se circunscribe a los dirigentes políticos. Cientos de personas son detenidas y acusadas de cargos, muchas veces ridículos, pero que terminan con largas condenas penales. Ivan Konevega, director de la agencia de conciertos Horse & Vega, fue condenado tres años en una prisión de régimen general por golpear el capó de un automóvil de la policía de tráfico.

Cualquier indicio de disidencia es suficiente para desatar la represión. A principios de mes se registraron las oficinas de la empresa que administra las tiendas de la cadena Green. La causa: hacer galletas con los colores blanco-rojo-blanco de la bandera que usa la oposición.

La persecución alcanza a cualquier tipo de apoyo. El 18 de enero, el abogado del sindicato independiente REP fue detenido en Gomel acusado de «organizar y preparar acciones que violan gravemente el orden público», simplemente porque ayudó a las víctimas de la represión a pagar multas.

Persecución a los trabajadores

Las movilizaciones de los trabajadores también están en el punto de mira de las autoridades. Igor Povarov, miembro del Sindicato Independiente de Bielorrusia (BNP), fue procesado por participar en una protesta y bloquear la carretera junto con otros obreros de una planta metalúrgica. Se le acusa de tomar parte activa en acciones que violan gravemente el orden público. El 19 de enero, Daria Polyakova, coordinadora de la red juvenil del Sindicato Bielorruso de la Industria Radioelectrónica (REP), fue condenada a dos años de arresto domiciliario por «violencia contra un policía» por rasgar la manga de la chaqueta de un agente cuando intentaba evitar que su compañera fuera detenida. Y como ellos, son cientos los procesados y, la mayor parte de las veces, condenados.

Una represión que ha llevado a la federación sindical internacional, IndustriALL Global Union, a denunciar a Bielorrusia por la persecución que sufren los trabajadores y sindicatos independientes.

Callejón sin salida

Ya no hay movilizaciones masivas, la gente sale en pequeños grupos y se limita a denunciar la violencia policial. Las autoridades han optado por detenciones «desmotivadoras» en plena calle y con cualquier excusa. Pero no parece suficiente para el Ejecutivo y la Fiscalía ya ha hecho propuestas para endurecer todavía más la legislación con nuevos delitos, como, por ejemplo, el «desprestigio público de las autoridades y la Administración estatales» o calificar de «extremista» la bandera blanca, roja y blanca que utiliza la oposición.

«Hay un Consejo de Coordinación, hay varias estructuras que se ocupan de Bielorrusia, pero no hay coordinación entre ellas. Todo está desconectado. Hay muchas declaraciones y ninguna acción concreta», opina el director del Centro de Investigación de Mises, Yaroslav Romanchuk. Lo cierto es que la oposición se muestra incapaz de encauzar la movilización. Critica al régimen, pero carece de una oferta que sirva para mejorar la vida de la gente.

En este contexto de impasse, Alexandr Lukashenko ha retomado la iniciativa y en la apertura de la VI Asamblea Popular anunció que la nueva Constitución se elaborará durante este año y se votará a principios de 2022. En su discurso también repasó las condiciones para su salida de la Presidencia, entre las que destacó la paz y la «ausencia de protestas en el país». Asimismo, señaló que «ni un solo pelo debe caer de la cabeza» de sus seguidores si llegan al poder personas «de otras convicciones».