El proyecto de ley ha ido cambiado de nombre, pero no ha modificado demasiado su contenido. Presentado inicialmente como un instrumento para combatir el «separatismo islamista» a raíz de la muerte por degollamiento del profesor Samuel Paty, que mostró a sus alumnos las caricaturas de Mahoma, finalmente los parlamentarios franceses votaron un documento para «reafirmar los valores de la República».

El texto, que incluye penas de prisión y multa para el «delito de separatismo», salió adelante sin problemas gracias a la amplia mayoría de que dispone el macronismo en la Cámara Baja.

La iniciativa legislativa que, sumada a la Ley de Seguridad Global, debe servir para reforzar el perfil securitario de Emmanuel Macron, a un año de la elección presidencial, contó con el apoyo de 347 parlamentarios, mientras que 151 votaron en contra y 65 optaron por la abstención.

Tras su adopción en primera lectura pasará al Senado, que empezará a analizar el texto a partir del 30 de marzo. La mayoría de derecha en esa Cámara puede modificar su contenido en clave aún más restrictiva. Así dejó entrever la parlamentaria de Les Républicains (LR), Annie Genevard, que consideró que la actual redacción es insuficiente y «no está a la altura de los desafíos que viven los franceses».

Por contra, las formaciones de izquierda criticaron un proyecto que para el Partido Socialista (PS) se basa exclusivamente en el arsenal represivo, mientras que en opinión de La France Insoumise (FI) tiene un contenido que estigmatiza globalmente a la comunidad musulmana.

Pocas dudas hay de que el proyecto trata de reforzar valores que ya están protegidos por la ley francesa. No en vano, Macron hizo coincidir la presentación del proyecto en el Consejo de Ministros el 9 de diciembre con el 115 aniversario de la ley de 1905 que consagra la laicidad en el Estado francés.

Así, la ley remacha el principio de neutralidad que deben respetar los trabajadores de los servicios públicos, que no pueden portar símbolos ostensibles de su creencia religiosa, un principio que ya consagra el estatuto de la función pública.

También contempla imponer un contrato republicano, para privar de subvenciones a grupos que no respeten los valores republicanos, lo que remite al laicismo o a la igualdad de género, pero sin excluir connotaciones en clave cultural o lingüística.