El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la pasada semana que su Gobierno pondrá en marcha un proyecto de Ley Antiterrorista que será «la más eficaz» bajo el pretexto de «actos violentos y terroristas» por parte del pueblo mapuche.

La lucha mantiene, hoy en día, un frente abierto al sur de Chile por la recuperación de tierras mapuches perdidas a manos de los colonos en los últimos siglos. La militarización de la zona es visible y los enfrentamientos son constantes. Militares del Estado chileno junto a fuerzas de seguridad privadas contratadas por empresas forestales e hidroeléctricas, que en la práctica son las que mandan en gran parte del territorio. De hecho, han transformado la zona en un largo paisaje de pinos y eucaliptos que ha empobrecido la fértil tierra de estos bosques.

Las acciones de la resistencia mapuche suelen tener como objetivo la recuperación de los terrenos ocupados y el boicot a las obras de nuevas infraestructuras forestales o hidroeléctricas, amparadas estas últimas en una ley que el dictador Augusto Pinochet creó al uso en 1974. Durante los últimos días ha sido incendiada diversa maquinaria, lo que Piñera ha calificado como «actos terroristas» y le ha servido de pretexto para anunciar nuevas medidas en la zona.

En este sentido, ha respaldado las actuaciones de las fuerzas de seguridad y ha afirmado que los «instrumentos del Estado de Derecho incluyen el uso legítimo de la fuerza». El conflicto se ha recrudecido por las acciones policiales y, en especial, por el llamado «Comando Jungla», un grupo formado por carabineros entrenados en Colombia y cuyo único cometido es combatir la resistencia de este pueblo originario. A principios de enero siete de sus miembros fueron condenados por la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca.

Sin embargo, Piñera considera que las acciones mapuche requieren «la máxima urgencia» del Gobierno para aprobar leyes que «doten al Estado y fuerzas del orden de elementos necesarios para poder combatir con mayor eficacia esos actos de terrorismo». En este sentido, los dirigentes mapuche insisten en «autoatentados» por parte del Estado para justificar el aumento la presencia militar en la zona.

Mientras congresistas de extrema derecha piden decretar el estado de sitio para hacer frente al conflicto e incluso aseguran que la zona se encuentra «al borde de la guerra civil», el Gobierno anunció que enviará un nuevo equipo de operaciones que se sumará a los ya existentes.

Más de 200 años

El conflicto viene de lejos. El imperio inca no logró cruzar la actual frontera entre Chile y Perú, y los españoles y sus sucesores se quedaron en la orilla norte del río Bio-Bio, firmando un acuerdo con los líderes locales, que una vez marchados los españoles, el Estado chileno ratificaría en su constitución, pese a no respetarlo. El pueblo mapuche repite un dicho que lo explica de esta forma: «Vinieron y nos dijeron: ‘Cerrad los ojos, tomad la Biblia en la mano y rezad’. Al abrir los ojos, solo nos quedaba la Biblia».

El Tratado de Tapihue, firmado en 1825 pero todavía en vigor entre la recién nacida República de Chile y el pueblo originario, marca la frontera entre ambos en el citado río, reconociendo al pueblo mapuche como una nación distinta. Sin embargo, poco después el Estado chileno emprendió una guerra oficial contra el pueblo mapuche, a la que se pondría fin con la llamada «Pacificación de la Araucanía» en 1883.

Después, llegó el turno de los colonos, en su mayoría llegados desde Europa, a quienes el Estado habría situado estratégicamente a lo largo de las tierras mapuche. Arnoldo Pichumilla, lonko (máxima autoridad administrativa) de la comunidad Mariano Chincolef así se lo explicaba a este medio: «Los wingkas venían con licores, y un mapuche, después de tres vasos de vino, vende hasta su vida. Después, en épocas de mala cosecha, los terratenientes prestaban dinero al comunero mapuche, para más tarde ahogarlo con intereses que no podía afrontar y quedarse con sus tierras».

En 2014, el Gobierno de Michelle Bachelet pidió «perdón» al pueblo mapuche «por el despojo de sus tierras». En la práctica no tuvo efectos, ya que la devolución de las mismas no se llevó a cabo y el regreso al poder del derechista Salvador Piñera en 2018 recrudeció el conflicto.

Alianza de comunidades

Los procesos de recuperación de tierras se suceden en decenas de comunidades e incluso hay nuevas zonas en las que se han activado estas luchas. Son varias las comunidades que han realizado un llamamiento a «unir fuerzas», ya que históricamente, a pesar de remar en la misma dirección, ha resultado complicado coordinar las reivindicaciones.

Pero la «urgencia» de la situación ha acelerado este proceso. «Las empresas y latifundios están sobreexplotando los bosques nativos, los ríos, los lagos y atentando contra la vida natural que en esos espacios coexisten. Así, nos estamos quedando sin agua tanto las comunidades mapuche como los campesinos más pobres», denuncian desde las comunidades Wenteche de Lautaro.