Ayer se conoció el resultado de la votación sobre los suplicatorios solicitados por el Tribunal Supremo español al Parlamento Europeo. Finalmente, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín perdieron la inmunidad y quedan a la espera de que el juez Pablo Llarena reactive el proceso. Quizá sea eso lo primero que haya que remarcar: ayer no acabo nada, volvió a ponerse en marcha la rueda de las euroórdenes, terreno en el que, en lo que al conflicto catalán se refiere, Madrid solo ha cosechado disgustos.

El resultado y el escenario que se abren dejan varias lecciones. La primera es que al hablar de Europa, hablamos de estados europeos, y que en ese concierto, el Estado español no es un actor menor, al menos cuantitativamente. El peso de Madrid en la UE es mayor del que quizá se haya calculado desde Catalunya. Del mismo modo, esa influencia española es mucho menor de lo que les gusta presumir en Madrid. Los suplicatorios suelen resolverse prácticamente por unanimidad en el Parlamento, pero el de los exiliados catalanes cosechó 248 votos en contra, más de un tercio. Muchos de ellos se rebelaron además en contra de las directrices que PP, PSOE y Ciudadanos quisieron imponer en sus grupos. El carácter político de la cuestión catalana quedó de manifiesto en el corazón de Europa, con la inestimable ayuda de las evidentes presiones que todos los estamentos españoles con alguna conexión en Bruselas ejercieron para ganar la votación.

Todo queda ahora en manos del TJUE, donde Llarena busca, por la puerta de atrás, la reforma de las euroórdenes que el Estado español no logra sacar adelante, por ahora, en la Comisión Europea. Si los jueces comunitarios no bailan al son del magistrado español y no condicionan la decisión de los tribunales belgas, la relativa victoria de ayer puede quedar en nada. Allí donde acaba la influencia española, empieza la justicia. Eso sí, de puertas para adentro, a España le queda la venganza, como dejó claro al truncar, ayer mismo, el tercer grado de los presos catalanes.