Una salvadoreña con cáncer, condenada a 30 años por un aborto y muerta en prisión

Manuela, salvadoreña, fue condenada a 30 años acusada de homicidio agravado por haber tenido un aborto extrahospitalario. Murió en 2010 en prisión por un cáncer linfático. Dejó dos niños de 9 y 7 años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de estudiar su caso.

El aborto está completamente prohibido en El Salvador. La ley no prevé ninguna excepción. Una emergencia obstétrica puede ser tipificada como homicidio agravado, castigado con hasta 30 años de cárcel. Ese fue el caso de Manuela, una madre salvadoreña de escasos recursos económicos, analfabeta con dos hijos pequeños a su cargo. Vivía en una zona rural. Sufría un cáncer linfático no diagnosticado que le provocó una emergencia obstétrica, afirma Sara García, de la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local. Esta organización junto al Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de examinarlo.

El 27 de febrero de 2008, tras sufrir un fuerte dolor pélvico y abdominal, Manuela fue a una letrina que estaba a unos metros de su casa.

«Sabía de su embarazo pero no que en ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica: expulsó el feto y se desmayó, se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud», explica el Centro de Derechos Reproductivos. En agosto de 2008, fue condenada a 30 años de prisión, y el 30 de abril de 2010, cuando tenía 33 años de edad, murió esposada a una cama en el área de presos del hospital nacional Rosales.

«Cuando a mi hija la capturaron, me hicieron firmar, me hicieron poner la huella (digital) porque yo no puedo leer ni escribir», rememora su padre, que vive en un área rural.

La madre, Anastasia, lamenta que mandó a su hija al hospital para su «curación» y terminó siendo condenada a 30 años.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de examinar el caso para determinar si se produjeron violaciones en el proceso penal que condenó a Manuela. El fallo, que podría conocerse en el plazo de un año, podría marcar sentar un precedente en la lucha por la despenalización del aborto

«Merecen máximo respeto»

«El personal médico en El Salvador trabaja en medio de un clima de miedo, temen sufrir persecución judicial pues enfrenta una enorme incertidumbre jurídica que le lleva a denunciar a las mujeres que tienen emergencias obstétricas en las que ha muerto la criatura en gestación. Por ello, violan el secreto que debe existir con las pacientes, vulnerando su derecho a la vida privada y a la salud», remarcan las organizaciones anteriormente citadas en un comunicado conjunto.

Inciden en que «todas las mujeres con emergencias obstétricas merecen también máximo respeto a la presunción de inocencia. Asumir de entrada, desde que son examinadas, que son culpables de algún delito es un prejuicio que se convierte en el único motivo injustificado para detenerlas arbitrariamente recurriendo a prácticas como esposarlas a la camilla».