El fiscal jefe del Tribunal Supremo de Apelaciones de Turquía, Bekir Sahino, recurrió al Tribunal Constitucional para pedir la prohibición de la formación de izquierdas y prokurda Partido Democrático Popular (HDP), tercera fuerza parlamentaria, a la que acusa de actividades «terroristas». En su acusación, el fiscal considera que «los integrantes del HDP se esfuerzan, con sus declaraciones y sus acciones, por destruir la unión indivisible entre el Estado y la nación».

El Tribunal Constitucional aún tiene que aceptar esta acusación, pero la demanda llega en un clima creciente de acoso. En las últimas semanas han arreciado los ataques verbales tanto por parte del presidente, Recep Tayyip Erdogan, y del gobernante AKP, como de su socio, el ultraderechista Partido Acción Nacionalista (MHP).

Pero, además de reforzar la represión contra el movimiento prokurdo, con la ilegalización Erdogan transformaría el panorama político a dos años de las legislativas y presidenciales en un momento de desgaste y en medio de una grave crisis económica. El HDP ha sido objeto de una represión implacable. Su carismático líder, Selahattin Demirtas, fue encarcelado y varios cientos de sus dirigentes y sus miembros han sido arrestados.

Turquía también ha ignorado las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que piden la liberación de Demirtas, al considerar que se han violado sus derechos y que su acusación tiene como objetivo limitar la libertad del debate político. El juicio sigue adelante ignorando esta sentencia. «Hacíamos política con una identidad abierta. No nos escondimos. Ustedes también hicieron política, pero sintieron la necesidad de ocultarla», acusó ayer mismo Demirtas al tribunal.

Precisamente ayer, uno de los parlamentarios del GDP, Ömer Faruk Gergerlioglu, fue despojado de su acta de diputado en el Parlamento turco tras ser condenado a dos años y seis meses de prisión por «propaganda terrorista» debido a un mensaje en Twitter. El legislador escribió junto a una foto: «Preferimos ver a nuestros hijos vivos, uno al lado del otro, que uno al lado del otro en ataúdes».

El Supremo interpretó esa frase como propaganda para el PKK. El diputado, que denunció que la sentencia es una decisión política, es conocido por su labor en defensa de los derechos humanos y espera poder recuperar su acta cuando su caso pase al Constitucional, como ocurrió el año pasado con un diputado del CHP. Pero la persecución contra el partido prokurdo es especialmente dura. Incluyendo a Gergerlioglu, desde 2016 14 diputados del HDP han sido despojados de su mandato.

El HDP apela a luchar contra «este golpe político»

Tras conocer la petición de la Fiscalía, el HDP apeló «a todas las fuerzas democráticas a luchar juntas contra este golpe político». Conscientes de las amenazas, los líderes del HDP ya avanzaban la semana pasada que estaban dispuestos a crear un nuevo partido. «¿Dejaremos de hacer política si se prohibe nuestro partido? Está claro que no. Hay varias alternativas», afirmó su copresidente Pervin Buldan. Hasta seis formaciones kurdas han sido ilegalizadas en el pasado. En 2009, el Constitucional se refirió a la ilegalización de Batasuna en Euskal Herria en su argumentario para disolver el DTP, que contaba con 21 escaños. El HDP conoció un éxito fulgurante tras su creación en 2012. Con una unidad estratégica de grupos de izquierda superó el 13% de los votos en las legislativas de 2015 y fue blanco de la represión que lanzó Erdogan tras el intento de golpe de 2016. «Seguiremos firmes contra los ataques. Nunca nos doblegaremos. Mantendremos nuestra insistencia en la política democrática», señalaron ayer sus diputados. GARA