El exconsejero de Salud Jon Darpón dimitió en marzo de 2019 por el fraude en las OPE de Osakidetza, y en mes y medio, el 4 de mayo, era ya el responsable para Eurasia y responsable de operaciones del grupo Keralty Health. Más rápidos fueron los saltos de la exviceconsejera de Administración Fátima Ansotegi y la subdirectora de Calidad Mayte Bacigalupe, que estaban dadas de alta en la firma a las 48 horas de su cese.

La ley contempla que un alto cargo no puede ir a trabajar a una empresa con la que ha tenido una relación frecuente durante su mandato, pero existen excepciones y la consejera Olatz Garamendi afirmó que en todos los casos mencionados los afectados hicieron la pertinente petición que cumplía los requisitos para que se le aceptara el paso a la empresa privada. La titular de Gobernanza Pública y Autogobierno invitó a Josu Estarrona (EH Bildu) a cambiar el marco legal si no le gusta.

Keralty Health es una multinacional con sede en Gasteiz, antes denominada Sanitas Internacional, cuyo administrador único desde el 13 de julio de 2016 es Joseba Grajales, habitual en los listados de mayores fortunas del Estado español, empresario alavés y afín al PNV.

Según Estarrona, Keralty Health SL lleva muchos años suministrando y operando en centros médicos, directamente o a través de otras empresas o fundaciones participadas por ella, como New Health o Mizar Health, con las que el Departamento de Salud de Lakua firma numerosos contratos.

«Comisión estética»

El propio Estarrona hizo una consulta a la Comisión de Ética Pública sobre esta cuestión y la respuesta ha sido que no podían entrar en el caso del consejero ni de la viceconsejera, porque para cuando se fueron a la empresa privada ya habían dejado de ser altos cargos de la Administración y no les correspondía su caso, mientras que la subdirectora tampoco entraba en el grupo de cargos sobre los que puede pronunciarse.

Estarrona señaló que, en una gran mayoría de los 68 dictámenes firmados, la Comisión ha «construido tesis exculpatorias para no reconocer el mal proceder de la mayoría de las denuncias». Añadió que «quizás tenga que ver que tres de los cinco miembros de la Comisión son del Gobierno, lejos de los estándares europeos para este tipo de organismos».

Ante esta evidencia, el parlamentario de EH Bildu propuso que el Gobierno «tiene dos opciones: una es disolver la comisión y poner, por ejemplo, una oficina de buenas prácticas independiente siguiendo el modelo de los países europeos. La segunda es dejar de confundir a la ciudadanía vasca y llamar a las cosas por su nombre. No lo llamen comisión de ética, llámenle comisión de estética».