Cuando se cumplen dos meses desde su golpe de Estado la Junta Militar birmana no consigue estabilizar el país bajo su mando, asediada por las protestas y el gobierno civil paralelo, el resurgimiento de los conflictos con las guerrillas étnicas y la presión internacional contra su brutalidad.

La Junta Militar anunció ayer un alto el fuego unilateral de un mes con los grupos étnicos armados, una declaración que llega después de que al menos 20 soldados murieran en un enfrentamiento con el Ejército de la Independencia Kachin, una de las guerrillas más potentes del país. Mientras, las Fuerzas Armadas siguen bombardeando territorio karen, ataques que han afectado a colegios, hospitales y una mina de oro, han causado 15 muertos y han provocado el desplazamiento de al menos 20.000 personas.

Según informó ayer Ko Bo Yi, secretario adjunto de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), el alto el fuego solo afecta a los grupos armados, pero no a los manifestantes que protestan desde hace dos meses en las calles. «Todavía están matando y torturando a la población desarmada», denunció en referencia a la Junta, que en su alto el fuego exceptúa las acciones que afecten a la seguridad del gobierno y a sus operaciones administrativas.

A pesar de la represión, las protestas se reanudaron ayer en las principales ciudades del país, donde los manifestantes quemaron ejemplares de la Constitución de 2008, declarada nula el miércoles por la noche por el llamado «Gobierno civil» de Myanmar, formado por cargos electos depuestos por el golpe de Estado.

El Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH), autoproclamado como Ejecutivo legítimo, consideró nula la Constitución que en 2008 permitió una transición democrática tutelada por los militares y propuso una «carta democrática federal» interina.

En una entrevista con la agencia Efe, el representante especial del CRPH Htin Linn Aung pidió una intervención militar extranjera en Myanmar para frenar la violencia de la Junta Militar, que ha causado la muerte de más de 530 civiles desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

Aseguró que una intervención militar extranjera es la única manera de parar las muertes de civiles mientras abogaba por la creación de un Ejército federal con las minorías étnicas y evitaba considerar ciudadanos a los perseguidos rohinyás.

Un tribunal birmano acusó a la líder despuesta Aung San Suu Kyi de violar la Ley de Secretos Oficiales, lo que acarrea una pena máxima de 14 años de prisión.