Lo único perforado por los pozos de Armentia es el presupuesto

A la espera de ver cómo se concreta el anuncio de Lakua de renunciar a la exploración de gas en Subilla, su rectificación tardía se ve como una victoria del movimiento popular y ecologista.

Desde el 24 de febrero se conocía que la ponencia de la Ley de Cambio Climático del Congreso de los Diputados había rechazado mayoritariamente la enmienda del PNV que pretendía dejar una puerta abierta a la explotación de pozos de gas allá donde hubiera ya un permiso de exploración y que, muy al contrario, había endurecido el texto inicial aprobando un texto en el que se leía ya que «no se admitirá a trámite la solicitud de concesión de autorización de explotación que no hubiere sido iniciada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la ley».

Pese a ello, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, obvió la cuestión en el debate parlamentario que mantuvo el 5 de marzo con el representante de EH Bildu Mikel Otero, quien le puso sobre la mesa que «aunque ganarais el recurso, aunque explorarais, sabéis que no vais a poder explotar, así que ya está. Es un jaque mate y ni siquiera os estáis dando cuenta».

Tapia insistió en que el recurso presentado contra la decisión del Ayuntamiento de Gasteiz de negar el permiso para perforar en Subilla pretendía salvaguardar que se mantengan vivos los derechos de exploración que la empresa pública Shesa lidera junto a dos firmas privadas norteamericanas.

El pasado viernes, después de que la ley estuviera ya aprobada en el Congreso, desde Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente se insistía en que seguían adelante. Portavoces oficiales hablaron al menos con Radio Euskadi, la SER y las agencias Efe y Europa Press, con declaraciones comunes sobre que la nueva norma «para nada afecta a lo que pretende hacer el Gobierno». Destacaron que la ley «prohibiría la explotación, pero aún estamos muy lejos de esa fase», ya que «aún no se ha iniciado la exploración para saber si hay algo que sacar, en caso de que la exploración diese resultado positivo».

En menos de 24 horas, el sábado, el Gobierno hacía pública una «nota aclaratoria» en la que avisaba de que «sin posibilidad de explotación carece de sentido proceder a la exploración», por lo que anunciaba que «estudiará la manera de paralizar dicha tramitación sin que tal decisión suponga una pérdida de los derechos patrimoniales que corresponden a la sociedad pública Shesa, dependiente del EVE». Todavía está por ver en qué se concreta esta decisión.

En todo caso, cualquiera puede ver que entre el viernes y el sábado hubo un cambio al menos táctico. Todo el mundo menos el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ayer, entrevistado en Radio Euskadi, aseguró que su Ejecutivo no ha cambiado de postura «de viernes a sábado», sino que ha adoptado esa decisión tras «participar en las reflexiones» de los dos partidos del Gobierno de Lakua, PNV y PSE, que han respaldado con su voto favorable la aprobación del borrador de la Ley contra el Cambio Climático.

El viernes el Gobierno todavía confiaba en que la ley tenía que pasar por el Senado y añadía que leería con atención la letra pequeña, por si le quedara algún resquicio. Por lo que afirmó ayer Urkullu, parece que desde el sábado ya sabe –como era obvio desde al menos el 24 de febrero– que «si la ley impide la explotación y comercialización, no tiene ningún sentido la exploración en este momento».

A este Gobierno, sobre todo a su parte jeltzale, le cuesta admitir sus rectificaciones, aunque le gusta mucho dedicar a otros la frase de que «solo aciertan cuando rectifican». Es evidente, por ejemplo, que el Ejecutivo de Urkullu ha rectificado su estrategia en materia de vacunaciones, pero tampoco lo admiten.

Como en su día rectificaron el apoyo que mantuvieron a la construcción de la central nuclear de Lemoiz y a los primeros trazados de la autovía de Leitzaran; como pasaron de boicotear Korrika pidiendo expresamente a sus ayuntamientos que no la apoyaran a ponerse al frente con el testigo, o intentaron crear un periódico en euskara que abortara la salida de “Egunkaria”. También evolucionaron de ignorar la huelga del 8M de 2018 a, visto el éxito de la convocatoria, sumarse a la de 2019.

De la misma forma, pasaron de apoyar el fracking en el pozo de Armentia-1 a terminar sumándose a la oposición, aunque siempre con movimientos extraños de por medio. Y con Armentia-2 también parecen haber asumido la realidad.

Todo este proceso es una victoria del movimiento popular que se puso en guardia desde un primer momento, cuando en aquel famoso viaje a EEUU de octubre 2011 el entonces lehendakari Patxi López anunció desde Dallas, con buzo y casco incluidos, que el subsuelo de Araba esconde 185 millones de metros cúbicos de gas no convencional, una cantidad que equivale al consumo de 60 años en la CAV. Desde las instalaciones tejanas de su socio tecnológico en el proyecto, Heyco, López fijó además la práctica del fracking para explorar las posibilidades de extraer el gas.

Solo los expertos y los más avezados del movimiento ecologista conocían por entonces en Euskal Herria qué era eso del fracking. Pero aprendimos pronto. El 13 de setiembre de 2014 se presentaron en el Parlamento de Gasteiz un total de 103.589 firmas impulsando una Iniciativa Legislativa Popular en contra de esta práctica, promovida por la plataforma Fracking Ez. Un primer intento fue rechazado en 2013 por PNV, PSE y PP, pero el segundo llegó al registro de la Cámara de la mano de Olentzero y Mari Domingi.

La ILP consiguió ser tramitada por el Parlamento de Gasteiz, que tuvo que regatear con habilidad la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad que ya había anulado prohibiciones en La Rioja, Nafarroa y Catalunya.

Para ello, durante la fase de ponencia, el texto de la ley se fue adecuando a las competencias de la CAV. En un movimiento en el que tuvo protagonismo el parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu, lo que se promovió fue el aprovechamiento de la legislación autonómica sobre agua, suelo y medioambiente para impedir que, en la práctica, se pueda utilizar el fracking en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

La ley se aprobó en junio de 2015. Votaron a favor EH Bildu, PP y PSE, partido este que pronto olvidó la iniciativa de Patxi López y llegó a decir que ellos «nunca» dijeron «sí al fracking». El PNV se abstuvo, al igual que UPyD. Había intentado plantear una moratoria de cinco años, que EH Bildu y PSE interpretaron como una estratagema.

La plataforma Fracking Ez, promotora de la ILP original, dejó clara su posición con un «estamos contentos», expresada por su entonces portavoz Mikel Otero. Explicó que «se acaba de aprobar una ley que va a poner unas auténticas trabas al fracking».

En sus dos fases, la Armentia-1 por medio del fracking y la Armentia-2, parada antes de llegar a la exploración, lo único que han acabado agujereando es el presupuesto público. No es fácil saber cuánto en estos proyectos concretos; lo que sí se conoce es que Shesa, dependiente de Lakua, ha invertido 81,7 millones de euros en una década para buscar gas en el subsuelo.

Desde el Departamento de Arantxa Tapia se asegura que de los pozos Viura en La Rioja ha obtenido 26 millones de la explotación del metano. Mikel Otero, de EH Bildu, responde que para ello ha invertido 50 millones, por lo que ha perdido 24. Ahora, la próxima batalla que se anuncia, tanto desde EH Bildu como de Elkarrekin Podemos, es la disolución de Shesa, empresa pública deficitaria sin sentido con la nueva ley.

globo pinchado.

La imagen del parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu en un pleno con un globo en el que se leía «Fracking Ez» se convirtió en icónica durante un tiempo. El globo ha acabado pinchándose, como se auguraba.FOKU