El Gobierno español sigue totalmente atrincherado en el caso del audio de Intxaurrondo que delataba cómo murieron Mikel Zabalza (torturado) y Joxean Lasa y Joxi Zabala (por disparos), a través de la conversación entre el agente Pedro Gómez Nieto y el entonces jefe del Cesid Juan Alberto Perote. La novedad ahora, en la respuesta a una batería de preguntas del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, es que esgrime las escasísimas condenas existentes como un argumento a su favor.

«El Estado español investiga los casos de torturas o malos tratos, como se evidencia con las sentencias condenatorias de los tribunales de justicia a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», dice el escrito remitido al Congreso.

Lo cierto, frente a ello, es que en las últimas décadas únicamente ha habido 20 condenas firmes sobre unos 5.000 casos censados, según refleja el informe oficial del Gobierno de Lakua que abarca las últimas seis décadas.

De hecho, son casi más numerosas las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español por no investigar torturas; ya hay una docena solo por los últimos años. Y siete de ellas, por cierto, corresponden a casos que fueron instruidos por el actual ministro del Interior y antes juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska.

En otro punto, el Gobierno Sánchez alega que «los hechos referidos datan de 1985, fecha anterior a la constitución de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad» (1996), con lo que aparentemente se intenta despejar la falta de iniciativa sobre Gómez Nieto.

La respuesta a Iñarritu concluye enumerando iniciativas contra la tortura en los últimos años, como el registro de «datos de casos que puedan suponer una extralimitación o vulneración de los derechos de las personas detenidas» o «la obligación de registrar digitalmente y de manera individualizada todas las actuaciones de las FCSE que supongan una limitación de la libertad ambulatoria de los ciudadanos».

¿Conoce la grabación?

La primera de las 16 preguntas trasladadas por Iñarritu es «si conocía el Gobierno estas grabaciones» El Ejecutivo Sánchez elude referirse a ello pero sí lo hace a otro interrogante posterior sobre si existen más conversaciones similares: «No consta en la Secretaría de Estado de Seguridad la existencia de otras grabaciones ni conversaciones referentes al asunto al que se refiere la iniciativa entre estos interlocutores».

Este punto no es menor en la cuestión del caso Zabalza. En el Congreso, Grande-Marlaska prefirió quedarse en la afirmación de que la iniciativa para una desclasificación de la terrible conversación debe corresponder a los tribunales. Pero dejó caer posteriormente que en esa hipótesis habría que ver luego si la grabación «existe». En su día los gobiernos españoles ya lo negaron cuando fueron interpelados. Así que esta opción posiblemente sea usada por el Ejecutivo como un plan B en el caso de que algún órgano judicial quisiera removar el tema, cerrado por la Audiencia de Gipuzkoa en el año 2010.

Por lo que atañe a Pedro Gómez Nieto, el Gobierno español se queda en la parte conocida públicamente, al indicar que fue ascendido a capitán en 1997. Sin embargo, por las propias declaraciones públicas de «El Alemán» y por otras indagaciones que lo han corroborado se sabe que llegó al grado de teniente coronel en la Guardia Civil, antes de su jubilación. Y también que estuvo adscrito a la Embajada española en Honduras, donde se ha afincado. Estos interrogantes fueron formulados por Iñarritu pero han quedado igualmente sin respuesta.