Este año se cumple una década desde la Conferencia de Aiete. La comunidad internacional promovió una hoja de ruta en la que la decisión de ETA de dejar unilateralmente la lucha armada fue crucial. Tristemente, esa decisión no tuvo una respuesta constructiva por parte de los poderes del Estado español. Ni el ejecutivo, ni el legislativo ni el judicial estuvieron a la altura del momento histórico. Fueron miserables. Entre otras cosas, aprovecharon que tenían varios cientos de militantes vascos entre rejas para utilizarlos como rehenes. Podían jugar al ventajismo político, precisamente porque los crímenes de estado, sus torturas, sus guerras sucias, eran impunes. Así construyeron el falso axioma de que no había conflicto, porque, si no, habría penados en ambos lados y víctimas de ambas partes. Tan macabro como real.

Se desdijeron de todo lo que habían dicho durante décadas, de sus propios pactos y retóricas sobre la paz, la democracia y los derechos humanos. En aquel momento, el cambio de Gobierno en Madrid resultó fatídico, aun cuando en el PSOE también había posturas nefastas para la paz y la convivencia. A pesar de ser acuerdos adoptados como Estado, Mariano Rajoy no asumió los compromisos tomados en nombre de España por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se demostraba otra vez que España puede firmar cualquier pacto o tratado porque no piensa cumplirlo. Lo mismo un Estatuto que la jurisdicción europea de DDHH. La diplomacia se topó con un país europeo que directamente negaba que quisiese la paz. Un Estado que negaba la realidad, la existencia de un conflicto político que en adelante habría que resolver por vías pacíficas y democráticas.

Todo sea dicho, el cambio de lehendakari en Gasteiz el año siguiente, de Patxi López a Iñigo Urkullu, tampoco trajo un nuevo liderazgo ni otra perspectiva sobre una época histórica. Ni siquiera se articularon los consensos que existían en torno a las consecuencias del conflicto. La gestión de esta década ha sido burocrática y resentida. El rigorismo moralista no se tradujo en un compromiso con los derechos humanos, porque implicaba poner como prioridad a la única la parte de la ciudadanía vasca que los tenía vulnerados por causas políticas: los presos y sus familiares. Mientras tanto, cabe recordarlo, Arnaldo Otegi y sus compañeros seguían encarcelados a la espera de justicia. Ahora, libres, siguen a la espera.

Paradójicamente, ETA aún tendría que luchar varios años para desarmarse de manera ordenada y verificada, gracias a la sociedad civil y a los electos de Ipar Euskal Herria, con la complicidad de esa comunidad internacional atónita ante la necedad española. Al tiempo, ETA se desharía de forma certificada en Suiza, no sin sucesivos intentos por la parte española de sabotear esas decisiones. De la negación de la realidad pasaron a la fantasía de la rendición. De nuevo, tenían a las personas cautivas en las que vengarse para simular ese delirio.

Mientras ocurría todo esto, el proceso catalán demostraba que el problema del Estado español no era solo con la violencia de ETA, sino con la voluntad democrática de los pueblos y con la ciudadanía que no se siente española. Tras apalear a la gente por votar pacíficamente, aplicó a sus líderes una receta similar a la que había utilizado en el conflicto vasco. La falacia de que «sin violencia todo es posible» quedaba desmentida otra vez.

En ese contexto, Estrasburgo dio varios varapalos a Madrid. Entre ellos, forzó la excarcelación de medio centenar de presos y presas vascas cuyas condenas habían sido alargadas injustamente. Más sentencias del TEDH por torturas apuntaban precisamente a Fernando Grande Marlaska, lo que no le impediría convertirse en ministro de Interior. La fábula del zorro en el gallinero explicada sin complejos al mundo entero.

En Euskal Herria los derechos de los presos son una reivindicación importante para una parte de la sociedad, que cree que los derechos humanos deben guiar la vida social. Pero solo son una prioridad política para quienes se comprometieron en serio en Aiete. Está claro que la discreción es eficaz solo si hay poder y voluntad.

Ayer era el Día Internacional de las Personas Presas por Motivos Políticos. El EPPK hizo público un comunicado en el que se reafirma en sus compromisos y expone por qué no hay horizonte mejor para la sociedad que la libertad de todas las personas presas y la vuelta a casa de las exiliadas. Porque es legal y razonable, porque tenía que haber pasado hace años, porque un Estado serio no guarda rehenes, porque supondrá un respiro para los derechos humanos y porque es de justicia.