En la primera vista del juicio a los líderes y militantes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), los abogados de la defensa abandonaron ayer la sala tras protestar por el hecho de que no se permitiera a todos los letrados entrar en la misma. El tribunal no solo se negó a habilitar su acceso, sino que ocupó sus plazas con policías.

A casi un centenar de abogados defensores no se les permitió entrar en la sala con el argumento de que no quedaba espacio. Cuando los abogados que habían logrado acceder pidieron que se permitiera entrar a todos los defensores que esperaban fuera, el presidente del tribunal respondió que solo permitiría un número limitado de abogados y alegó entonces motivos de prevención del covid-19 y que no haría concesiones en esta cuestión.

Sin embargo, policías antidisturbios ocuparon los lugares reservados para los letrados.

Los jueces intentaron proceder con la sesión, pero los acusados se negaban a declarar sin abogado, por lo que finalmente volvieron los letrados de la defensa. Pero unas horas más tarde, tras negar los jueces la palabra a varios acusados, los abogados abandonaron la sala de nuevo.

En el denominado «Juicio de Kobane», celebrado en la prisión de Sincan, se está juzgando a 108 personas, 28 de ellas en prisión, entre ellas los ex copresidentes del HDP Figen Yüksekdag y Selahattin Demirtas.

El juicio llega en un momento en el que Ankara redobla el hostigamiento a la formación prokurda de izquierdas y trata de ilegalizarla, después de años de persecución a sus militantes, líderes y cargos públicos. La acusación imputa a los políticos del HDP haber incitado y promovido las movilizaciones que rechazaban el ataque del Estado Islámico contra la localidad kurda de Kobane en el norte de Siria, en octubre de 2014.

La represión y los enfrentamientos de grupos islamistas y de ultraderecha en estas manifestaciones dejaron 19 muertos en varias ciudades kurdas y turcas.

El HDP niega haber provocado los incidentes. «El HDP llamó a manifestarse para apoyar a Kobane, que era atacada por el Estado Islámico (...) Casi todas las personas que murieron eran simpatizantes del HDP», recordó ayer la formación prokurda.

«Conspiración política»

«Este proceso es una conspiración política que tiene como objetivo destruir la fe en la democracia, la esperanza de libertad y el anhelo de paz en Turquía», denunció el actual copresidente del HDP, Mihat Sancar, quien junto a otros miembros de la formación acudió a las puertas del complejo penitenciario de Sincan.

Al igual que en la sala del juicio, en el exterior del tribunal también hubo un importante despliegue policial que aumentó la tensión e impidió que la prensa siguiera la declaración de Sancar y de la copresidenta Pervin Buldan.

Pese a ello, Sancar consiguió denunciar que «han levantado un muro entre nosotros. Este es otro indicio de que temen la verdad. Creen que pueden suprimir nuestras voces, pero se equivocan. Creen que pueden hacernos desaparecer con este caso también, pero demostraremos que están equivocados».

Sancar insistió en que el juicio es «una conspiración política». «Esperaban acabar con la búsqueda de la paz en Turquía, con el anhelo de libertad y democracia. Seguiremos resistiendo por la libertad, por la democracia, por la verdad», añadió.

Además, consideró que enjuiciar a los opositores del HDP es una venganza política del régimen de Erdogan, «producto de la ira de un Gobierno que no pudo aceptar las consecuencias de la derrota del ISIS en Kobane en 2014. Es un juicio de venganza nacido de la ira de este poder por las derrotas que sufrió a manos del HDP. Vamos a frustrar juntos este intento».

Venganza por Kobane

La formación estima que la derrota del ISIS en Kobane frustró los planes de Ankara de acabar con el autogobierno kurdo bajo el modelo del confederalismo democrático en Rojava, en el norte de Siria, una zona que luego Ankara ha seguido atacando, llegando a invadir y ocupar parte del territorio.

«Damos la bienvenida a todos los que han venido hoy aquí, de Turquía y del extranjero. Anularemos esta conspiración, ampliaremos la lucha por la democracia, estropearemos los cálculos del Gobierno y todos juntos salvaremos a este país de este ataque autoritario», indicó el copresidente del HDP.

En el interior, algunos de los procesados se negaron a responder las preguntas de la acusación, no así Demirtas, quien recalcó a legalidad de las acciones del HDP, «el tercer partido más grande Turquía y defensor de la democracia».

Horas antes del juicio, la defensa de Demirtas evidenció a través de Twitter la parcialidad del proceso, después de que Fahrettin Altun, el director de Comunicación del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, clamara a través de una grabación que «hoy es el día del juicio final de los asesinos».

Demirtas, junto a otra treintena de personas, se encuentra encarcelado desde noviembre de 2016 por cargos relacionados con «terrorismo», entre ellos «alteración de la unidad e integridad territorial del Estado», «asesinato», «intento de asesinato», saqueos y «quema de la bandera nacional». En diciembre del año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ordenó a Turquía que pusiera en libertad a Demirtas después de dictaminar que se violaron sus derechos fundamentales, entre ellos el de libertad de expresión.

Diputados, familiares de los detenidos, abogados, colegios de abogados, asociaciones de la sociedad civil, representantes de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y delegaciones del extranjero están siguiendo el juicio, cuya próxima sesión se ha fijado para el próximo lunes.

Entre ellos, el Comisionado de Derechos Humanos del Gobierno alemán, Bärbel Kofler, que afirmó que vigilará de cerca «el cumplimiento del Estado de derecho».

El Parlamento Europeo condenó el pasado martes este proceso judicial por considerar inaceptable que se responsabilice a funcionarios electos de lo que sucedió en un «evento cuya investigación se está obstaculizando activamente».

El Ejecutivo islamista de Erdogan acusa al HDP tener vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Con ese argumento, en los últimos años la persecución del partido se ha intensificado y la Fiscalía del Tribunal Constitucional pidió el pasado marzo ilegalizarlo, aunque el caso ha sido suspendido, de momento, por «vicios de procedimiento». También trata de inhabilitar a más de 600 de sus miembros de la vida política del país, una medida que seguiría a otras ya adoptadas como la destitución de casi todos sus alcaldes, el levantamiento de la inmunidad a sus diputados y procesos a sus cargos.