Un tribunal de Moscú ordenó ayer la suspensión de las actividades de las organizaciones vinculadas a Alexei Navalny. Esta medida judicial está relacionada a un proceso por «extremismo» contra las organizaciones del político opositor, cuya vista preliminar tuvo lugar ayer mismo a puerta cerrada. La próxima audiencia está prevista el jueves.

La Justicia ha vetado provisionalmente, hasta que se dicte sentencia, a la Fundación Anticorrupción (FBK), la Fundación para la Protección de los Derechos Ciudadanos y la sede de campaña de Navalny, según informó el abogado Ivan Pavlov, citado por la agencia TASS.

La Fiscalía alega que esas organizaciones pretenden «desestabilizar la situación sociopolítica» de Rusia con su «actividad extremista», las «protestas masivas» y los «intentos de implicar a menores en actividades ilegales». Considera también que actúan «en nombre de diferentes centros extranjeros».

Si el proceso iniciado por la Fiscalía acaba en sentencia condenatoria, supondría la ilegalización de esas entidades de forma definitiva.

La campaña de Navalny señaló en su cuenta de Telegram que suspenderá sus publicaciones hasta nueva orden.

Por su parte, el director de la Fundación Anticorrupción, Ivan Zhdanov, que publicó en Internet la decisión, subrayó que con este tipo de actuaciones las autoridades demuestran que tienen «miedo» a las actividades de la oposición. Así, FBK difundió en enero pasado una relevante investigación en la que acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de tener un opulento «palacio» al borde del mar Negro. El video fue visto más de 11 millones de veces en YouTube y obligó al mandatario a desmentir en persona la acusación.

A principios de abril, un tribunal condenó a dos años de prisión efectiva a un colaborador de Navalny que trabajaba para FBK, Pavel Zelenski, por la publicación de dos tuits en los que criticaba con fuerza a las autoridades y que fueron juzgados como «extremistas».

Críticas de Alemania

El Gobierno alemán, uno de los primeros en reaccionar ayer, tildó la medida de «incompatible» con el Estado de derecho.

«Usar las herramientas de la guerra contra el terrorismo en relación a opiniones políticas que no te gustan va en contra de los principios del Estado de derecho», manifestó un portavoz de Angela Merkel.