La organización de derechos humanos con sede en Nueva York Human Rights Watch (HRW), una de las más influyentes del sector, ha publicado un extenso informe en el que acusa a Israel de cometer «crímenes de apartheid y persecución», alegando que el Gobierno aplica una política general de «discriminación sistemática» para «mantener el dominio de los judíos israelíes sobre los palestinos». Y, además, pide a la Corte Penal Internacional que tome cartas en el asunto ante esos dos crímenes de lesa humanidad.

Utilizado por primera vez con la segregación racista de Sudáfrica contra los ciudadanos no blancos, el apartheid es un crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional. Hasta ahora, Human Rights Watch nunca antes había cruzado el umbral de acusar directamente a funcionarios israelíes de crímenes contra la humanidad.

Esta fue la primera constatación de los analistas palestinos que daban valor al hecho de que HRW se haya puesto al día, sin equilibrar su análisis con denuncias rituales de los palestinos, calificando explícitamente a Israel ante el mundo como un «régimen de apartheid».

«Opresión sistemática»

En el informe de 213 páginas se detalla cómo se ha tratado de mantener la hegemonía judía-israelí sobre el pueblo palestino desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Si bien se argumenta que las políticas de apartheid persisten, en diversos grados, en Cisjordania, Gaza y dentro del propio Estado de Israel, señala la Cisjordania ocupada como prueba. Allí Israel ha creado un sistema de dos niveles, con palestinos viviendo bajo un régimen militar y colonos israelíes bajo un sistema legal civil con mayores libertades, una inequidad que para HRW «equivale a la opresión sistemática necesaria para el apartheid».

Para Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, «el traslado forzoso de miles de palestinos fuera de sus hogares, la negación de los derechos de residencia a otros tantos y a sus familiares, y la suspensión de los derechos civiles básicos de millones de palestinos» son políticas que cumplen con la definición de apartheid. «Otorgan a los judíos israelíes los mismos derechos y privilegios dondequiera que vivan y discriminan a los palestinos en diversos grados dondequiera que vivan, una política que privilegia a un pueblo a expensas de otro», añade.

El informe está basado en años de documentación sobre derechos humanos, análisis de las leyes israelíes, una revisión de los documentos de planificación del Gobierno y declaraciones de funcionarios. Y también en la comparación de las políticas y prácticas que afectan a casi 7 millones de palestinos en los territorios ocupados y dentro de Israel con las que afectan aproximadamente al mismo número de judíos israelíes que viven en las mismas áreas. Así mismo, apuesta por una nueva ecuación, por cambiar el enfoque de la paz como una solución política a otro basado en los derechos.

Latiguillo del «antisemitismo»

Se enumeran una serie de abusos contra los palestinos que antes ya habían sido denunciados por organizaciones de derechos humanos de Israel como B’Tselem y Yesh Din: amplias restricciones de movimiento, demolición de viviendas, «negación casi categórica» de permisos de construcción y residencia, ocupación militar, expropiación de tierras... Políticas para mitigar lo que Tel Aviv describe abiertamente como la «amenaza» demográfica de los palestinos. En Jerusalén, por ejemplo, su plan establece el objetivo de mantener una sólida mayoría judía en la ciudad y especifica los ratios que se deben mantener.

El Ministerio de Exteriores de Israel acusó a HRW de tener una «agenda antiisraelí» y calificó el informe de «panfleto de propaganda sin conexión con los hechos o la realidad». Para Israel, el término «apartheid» es explosivo y lo rechaza de plano. Para la «única democracia en Medio Oriente», darle esa etiqueta es «antisemitismo». De hecho, en la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto se incluye explícitamente como ejemplo de antisemitismo llamar a Israel un «Estado de apartheid».