La reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Colombia ha desatado una ola de protestas que no cesa. A pesar de la dimisión del ministro de Hacienda y de que el presidente del país, Iván Duque, retirara el polémico proyecto, los manifestantes continúan en las calles con nuevas reivindicaciones, entre las que destacan, una nueva ley de salud, el respeto a las libertades democráticas, el fin de la militarización de las ciudades y la disolución de la ESMAD, la temida brigada antidisturbios. Posiblemente el Gobierno haya recurrido al Ejército para reprimir las protestas y así evitar a la ESMAD aunque el balance es igualmente siniestro, con al menos una treintena de personas muertas, más de un centenar heridas y varias denuncias de violaciones a detenidas.

El intento de hacer pagar la crisis provocada por la pandemia a la gente con menos recursos ha puesto de manifiesto la crítica situación económica en la que vive la mayoría de la población en Colombia. La ola de huelgas y movilizaciones ha dejado asimismo en evidencia que el presidente no cumplió las promesas que hizo para que las protestas de finales de 2019 terminaran. La gente continúa reclamando las mismas reformas que entonces ante un Estado militarizado que se ha acostumbrado a gobernar de espaldas al pueblo, aprovechando la coartada de la insurgencia y del narcotráfico. Toda disidencia es reprimida de manera brutal, ya sea mediante el uso directo de la fuerza policial o bien mediante grupos de incontrolados que con total impunidad continúan matando a exguerrilleros y líderes sociales por todo el país.

Tal y como ha pedido la comunidad internacional, el Gobierno de Duque debe terminar con esa dinámica represiva, renunciar a la violencia y encauzar las demandas sociales mediante el diálogo abierto con todas las fuerzas políticas y sociales, incluidos los representantes de los manifestantes. Solo así podrá Colombia empezar a construir un futuro de democracia, justicia y paz.