La investigación de la muerte de diez civiles a manos de militares británicos en Ballymurphy, Belfast, entre el 9 y 11 de agosto de 1971 es el segundo mayor caso en el que el Estado británico ha sido declarado culpable por el uso de fuerza excesiva contra civiles en el norte de Irlanda. Precisamente, la declaración de la inocencia de las víctimas de Ballymurphy sigue a la sentencia que exoneraba a las víctimas del Domingo Sangriento, en el que el mismo regimiento paracaidista responsable de la masacre en el barrio de Belfast en 1971 asesinó a catorce personas en Derry el 30 de enero de 1972.

En ambos casos, la versión oficial describía a las víctimas como terroristas. En ambos casos se ha probado que el Estado británico mintió en un intento de disfrazar la guerra sucia contra la población nacionalista en el norte de Irlanda.

Ambas matanzas –y muchas otras en las que directa o indirectamente el Estado británico optó por victimizar a nacionalistas irlandeses– siguen una pauta clara de mentiras, eliminación de pruebas y obstaculización que han paralizado otras investigaciones, como por ejemplo las bombas que en Dublin y Monagham se cobraron 33 vidas y causaron 300 heridos. Esta estrategia para denegar justicia a las víctimas y sus familiares se evidencia en las declaraciones de la juez forense Siobhán Keegan, responsable de la investigación sobre la masacre que Ballymurphy, quien denunció que el proceso había sufrido «por la insuficiencia de las pruebas recabadas en ese momento» y fue muy crítica ante las pruebas y testimonios que el Ejército británico había proporcionado a la investigación, que contrastaba con las declaraciones de los testigos civiles. Keegan afirmó que en su momento las autoridades habían «fracasado abyectamente» en la investigación de las acciones de los soldados en 1971. Otra coincidencia con el «caso Domingo Sangriento». 

A pesar de las dificultades durante la investigación, la juez forense afirmó que nueve de las diez víctimas murieron a consecuencia de los disparos del Ejército británico y, en nueve de los casos, la fuerza utilizada fue desproporcionada. En el caso de John James McKerr, dijo que no podía determinar quién fue el responsable de su muerte.

Sin embargo, los deseos de Keegan que las conclusiones de la investigación pudiera brindar algo de paz a las familias quedaron desvirtuados ante la repuesta institucional británica, que ha enfurecido a los familiares.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha resistido a hacer acto de presencia ante las conclusiones de la investigación. De hecho, la declaración institucional ante los parlamentarios británicos fue leída por el secretario de Estado para el norte de Irlanda, Brandon Lewis, y la líder de Sinn Féin, MaryLou McDonald, ha afirmado que las declaraciones del portavoz de Johnson que apuntaban a que este se había disculpado por las acciones del Ejército ante las primeras ministras, la unionista Arlene Foster, y la republicana Michelle O’Neill, son falsas.

Aunque muchos pueden entender las acciones de Johnson en el marco del nacionalismo inglés que empapa sus decisiones políticas, estas han sido recibidas como una clara expresión del desprecio del Estado británico por las víctimas nacionalistas del conflicto irlandés y el deseo de Londres de exonerar al Ejercito británico de los crímenes de guerra cometidos no solo en el norte de Irlanda, sino en otras regiones del mundo. No olvidemos que una de las razones políticas en la trastienda del Brexit es evadir la jurisprudencia de los tribunales europeos, que ya denunciaron las acciones del Estado británico en varias ocasiones, particularmente en el asesinato de tres miembros del IRA desarmados en Gibraltar en 1988, asesinados a manos de las fuerzas especiales británicas pese a ir desarmados.

Hablando durante una conferencia de prensa el pasado jueves, Janet Donnelly, cuyo padre Joseph Murphy estaba entre las víctimas de Ballymurphy, aclaró que Johnson no se ha disculpado con las familias. «Boris Johnson (…) debería darnos el respeto al que tenemos derecho y si fue sincero con su disculpa, debería haberlo hecho bien y debería haberlo hecho él mismo».

Si se esperaba que al menos en la carta que envió a las familias de la víctimas se disculpara y aceptara el veredicto de la investigación, los familiares han criticado que las palabras elegidas por el primer ministro británico evidencian su intención de exonerar al Ejercito y al Estado de cualquier responsabilidad en las muerte de los civiles, refiriéndose a la masacre como «el evento» acaecido en Ballymurphy. En palabras de Carmel Quinn, hermana de la víctima John Laverty: «Quiero dejar claro que esta fue una masacre que ocurrió en Ballymurphy (…) No fue un evento, fue un asesinato en masa».

El análisis de Quinn apunta a la intención del Gobierno de Johnson de introducir una amnistía para los soldados británicos, que blindaría al Estado ante posibles actuaciones judiciales por sus acciones durante el conflicto irlandés. Esta amnistía se enmarcaría en un futuro estatuto de limitaciones que impediría acciones legales contra personas acusadas por delitos que ocurrieron antes del Acuerdo del Viernes Santo (1998).  

Por ahora, el abogado de las familias de la víctimas, Pádraig Ó Muirigh, está considerando iniciar un procedimiento criminal contra los responsables de la masacre, aunque todos son conscientes de que el Estado británico dificultará la identificación de los soldados. Por ahora, se ha iniciado un proceso civil contra el Ministerio de Defensa británico.