El Parlamento francés aprobó hace apenas un mes la Ley de Protección Patrimonial y Promoción de las Lenguas Regionales que reconocía la diversidad lingüística y consideraba a las lenguas minorizadas parte del patrimonio común. Sin duda, fue un gran paso adelante. Sin embargo, antes de que fuera publicada, fue recurrida por 61 diputados al Consejo Constitucional. Una demanda que todo el mundo considera auspiciada por el ministro de Educación, Jean Michel Blanquer, contrario a aceptar cualquier tipo de diversidad lingüística. El Consejo dictaminó ayer que el uso de grafías especiales y la inmersión lingüística son inconstitucionales porque son contrarias al artículo segundo de la Constitución, que dice que la lengua de la República es el francés.

La respuesta fue inmediata tanto en Euskal Herria como en Bretaña, Catalunya y Occitania. El presidente de Seaska declaró que el fallo es una «declaración de guerra», terminó que utilizó Jean-René Etchegaray, entre otros. Aunque la sentencia reconoce la constitucionalidad del artículo que regula la financiación del aprendizaje de otras lenguas, declara inconstitucional la pedagogía basada en la inmersión lingüística. De este modo, no solo la deja fuera de la escuela pública, sino que también la rechaza para las escuelas privadas –como Seaska–, que se pueden ver privadas de financiación pública. En la práctica, elimina toda protección a la enseñanza de las lenguas minorizadas del Hexágono, que pasa a depender de la voluntad política de Paris. Y, sobre todo, establece un muro de contención para frenar la supervivencia y el desarrollo de estas lenguas. Las quieren muertas, para su exposición en un museo.

El Consejo Constitucional ha convertido el soporte legal en desamparo. Sin embargo, los representantes y la sociedad civil de Ipar Euskal Herria se han conjurado contra esos jacobinos reaccionarios y en defensa de la riqueza cultural y los derechos. Han dicho que no aceptarán el fallo. Les avala una perseverancia inquebrantable.