Mauricio MORALES DUARTE
BUGA

EN LAS BARRICADAS DEL PARO NACIONAL DE COLOMBIA

Cali fue desde el principio el epicentro de las protestas antigubernamentales que comenzaron el 28 de abril en Colombia, reprimidas por una violencia policial que ha dejado más de 40 víctimas mortales, según la ONG Temblores, que documenta la represión de las fuerzas de seguridad del estado en el Paro Nacional.

Mientras Cali vivía una disminución de la violencia, los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza especial antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia, el Esmad, se trasladaban a la cercana Buga.

Buga es una ciudad de unos 115.000 habitantes situada a 60 km de Cali; donde cruza la vía Panamericana, una importante arteria que conecta el sur y el norte del país y que los manifestantes tomaron y bloquearon desde el principio del Paro Nacional. El Gobierno envió al Ejército y al Esmad a reprimirlos. Apostados en el puente sobre una de las entradas a Buga, los soldados vigilaban los enfrentamientos del Esmad y los manifestantes por el control de la vía.

El ministro de Defensa Molano defendió la militarización de Buga, Cali y otras ciudades donde se multiplican las protestas. La narrativa gubernamental, repetida por algunos de los principales medios de comunicación, insiste en que la movilización del Paro Nacional está infiltrada por la guerrilla socialista del ELN, por las disidencias de las FARC e, incluso, por Venezuela, Cuba y Rusia. Mientras, Twitter censuraba el trino del expresidente Álvaro Uribe por incitar a la violencia al defender el «derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad».

A pesar de que el Gobierno de Iván Duque retiró el proyecto de reforma tributaria, que quería gravar con un 19% productos de consumo básico, servicios públicos y alimentos –así como los ingresos quienes ganaran que ganaran 545€ cuando el sueldo mínimo en Colombia es de 192€– la gente continúa manifestándose tanto en Buga como en otras ciudades del país por una vida digna en medio de una crisis social agravada por la pandemia, pero provocada por la histórica desigualdad social y por la muerte a manos de la Policía de decenas de civiles en las movilizaciones populares.

Los jóvenes, originarios de Buga o venidos de municipios cercanos, conforman la «primera línea», encargada de enfrentar al Esmad. La mayoría son estudiantes o jóvenes sin trabajo ni estudios, «No tenemos futuro, ni nada que perder», repiten a modo de consigna. Muchos de ellos piden educación gratuita para las clases desfavorecidas de Colombia, donde el nivel de pobreza es del 42,5%, lo que significa que casi 21 millones de personas viven de forma precaria.

El Esmad, con el apoyo de tanquetas, dispara gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, muchas veces a la altura del cuerpo, en contra de los protocolos de la propia Policía para el manejo de las protestas. La tensión y el miedo se palpan en las inmediaciones de la vía panamericana, los manifes- tantes difunden «en vivo» en las redes sociales y piden ayuda sin hallar destinatarios. Las redes se han convertido en una fuente de documentación y difusión de todo lo relacionado con el Paro Nacional, y ha sido a través de las redes como se han conocido las violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La representante de la Cámara María José Pizarro, de la bancada de la oposición, llegó a Buga en uno de los días de mayores enfrentamientos para intentar propiciar una tregua. No pasaron ni cinco minutos cuando los agentes del Esmad, apostados sobre la Panamericana, dispararon gases lacrimógenos cuando la congresista estaba hablando con los manifestantes. Tuvo que ser sacada de allí por miembros del Ejército.

Una vez el Escuadrón Móvil Antidisturbios despejó la vía, los manifestantes se trasladaron a un barrio cercano. Como otras veces, la Policía lanzó gases lacrimógenos dentro de la zona residencial, que afectaron a adultos y niños y muchos tuvieron que ser evacuados.

Al caer la noche, se repite un patrón por parte de las fuerzas de seguridad: entrar a zonas residenciales. A través de las redes sociales, los vecinos del barrio Aures, en Buga, han documentado y divulgado asaltos del Esmad y lanzamiento de gases lacrimógenos también contra las viviendas. Pero apesar de ello, los residentes en Aures, cercano a la Panamericana, dan refugio a los manifestantes y les ofrecen comida, agua y leche para contrarrestar los efectos del gas. De sus ventanas, cuelgan pancartas en las que piden «SOS Aures».

Preparado para la guerra

Al Esmad, creado bajo la Presidencia de Uribe en 1999 y destinado a reprimir protestas sociales, se le señala como responsable de la muerte de 34 personas, sin contabilizar las víctimas mortales de las presentes movilizaciones. Sobre este cuerpo represivo pesan, además, miles de denuncias de violación de los derechos humanos. Varios senadores de la oposición han sumado su voz a la de un grupo de ciudadanos que exige el desmantelamiento de este cuerpo especial así como la reestructuración de la Policía Nacional de Colombia, un cuerpo entrenado y preparado para la guerra, en el contexto del conflicto armado del país, y que sigue adscrito al Ministerio de defensa.

Algunos de los jóvenes manifestantes alertan a sus compañeros de que, en caso de resultar heridos, no sean llevados a los centros hospitalarios, pues corre el rumor de que la Policía Judicial (SIJIN) realiza redadas en los centros de salud. Se han documentado arrestos y desapariciones que, según la ONG Temblores, podrían ascender a 379 personas. La Fiscalía de Colombia informó el lunes de que se busca a al menos 129 personas desaparecidas durante las protestas.

En Popayán, a tres horas en coche de Cali, Alison Meléndez, una adolescente de 17 años de edad, fue detenida por el Esmad y trasladada a la URI (Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía). Tras ser liberada, la menor publico en sus redes sociales que había sido víctima de agresiones sexuales por parte de efectivos del Esmad. Meléndez se quito la vida después de esa publicación. El comandante de la Policía de la región señaló que el arresto de la menor era una noticia falsa, pero un vídeo difundido por redes sociales demostró lo contrario.

Sebastián Quintero, un joven universitario de 28 años de Popayán, es otras de las víctimas de brutalidad policial. Al parecer, recibió el impacto de una granada aturdidora lanzada por miembros del Esmad, que le destrozó la carótida. Quintero había salido a protestar por la agresión y muerte de Meléndez.

Pero no han sido las únicas víctimas de la actuación policial en estas últimas semanas, mientras las protestas se debilitan aunque los enfrentamientos esporádicos se mantienen en diferentes ciudades.

El Paro Nacional continúa y los enfrentamientos registrados en Buga por el control de la panamericana podrían volver a darse, ya que los cortes de la vía desde Cali a Popayán se repiten. En Cali, epicentro de las protestas y de la violencia policial, las barricadas se convirtieron en lugares de encuentro social y cultural.

La lucha se concentra en las periferias, en las zonas cercanas a las grandes ciudades y a las vías que parecen ser la ultima barricada de la continuidad del Paro Nacional.