Vuelta a casa

El acercamiento que se está produciendo, con retraso y lentamente, de personas presas condenadas por pertenencia o colaboración con ETA a cárceles ubicadas en la mitad norte de la Península, significa un cambio de actitud del Gobierno de España y una modificación de la política penitenciaria. Supone también la renuncia del Gobierno a utilizar el alejamiento extremo de los reclusos de motivación política de sus lugares de residencia, y que ha sido hasta ahora el centro de una política penitenciaria punitiva y no restaurativa.

Durante casi 35 años, sin haber sido juzgados ni condenados, los familiares del colectivo preso –incluidas personas mayores y menores de edad– han sido obligados a realizar grandes desplazamientos para hacer finalmente una breve visita.

Las prisiones de Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla, más otras cincuenta distribuidas a lo largo y ancho del Estado, se convirtieron en lugares de una crueldad ilegal. Todo ello conculcando derechos fundamentales de las personas presas, derechos reconocidos por las más altas instancias jurisdiccionales europeas, especialmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este Tribunal ya señaló expresamente que la dispersión de las personas presas no tenía justificación tras la desaparición de ETA. Tampoco la tuvo antes.

La política penitenciaria ha contravenido la propia legalidad que, en el art. 12 de la vigente Ley General Penitenciaria de 1979, señala que «se procurará que cada territorio cuente con el número suficiente de cárceles para satisfacer las necesidades penitenciarías y evitar el desarraigo social de los penados». Evitar ese desarraigo era la voluntad del legislador, voluntad quebrada desde 1987–1989, cuando el Gobierno español decidió ese alejamiento, política seguida sistemáticamente por todos los Gobiernos, con independencia de su color político.

De esta manera, se subordinó la legalidad penitenciaria de un Estado de derecho a la estrategia antiterrorista de sus gobiernos, dando la espalda al principio de legalidad, cuyo olvido también se practicó con insistencia en ámbitos sensibles como en detenciones e interrogatorios. La responsabilidad en todos estos casos recae en los tribunales y jueces intervinientes, así como en las policías actuantes.

Y ello, a pesar del clamor vasco continuado desde aquella década, a través de organizaciones como la Red Ciudadana SARE, Etxerat y otras asociaciones, junto con la inmensa mayoría de partidos políticos, todos los sindicatos y las instituciones de representación en Euskal Herria. También han empujado en la misma dirección: la declaración de víctimas de la violencia que apuestan por la reparación y la convivencia; el transcurso de 11 años desde que ETA desistió de la lucha armada; la decisión del EPPK de cumplir los requisitos del régimen de grados; y el hecho de estar firmada la transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno Vasco.

Esperamos estar a las puertas de que las cárceles de Andalucía y Levante, las únicas del sur de la Península que aún mantienen presos vascos, dejen de hacerlo. Hay suficiente espacio en cárceles vascas, en Zaballa especialmente, para acoger a los casi 200 presos condenados por su vinculación con ETA, sin contar las 28 personas en cárceles del Estado francés. Mientras no se las ubique en Euskal Herria, no podremos hablar de normalidad en la convivencia en nuestro País. Es un objetivo irrenunciable.

Desde la Red Ciudadana Sare, estamos reivindicando la vuelta a casa, Etxerako bidean, amortizando la política penitenciaria de excepción, basada en el derecho penal del enemigo y diseñada injustamente para tiempos pasados. El castigo y la mera retribución son principios que vulneran el espíritu y la letra del ordenamiento vigente, y deberían ser sustituidos por los de humanidad, reparación, legalidad y convivencia.

Junto al acercamiento a cárceles ubicadas en Euskal Herria, hay otras medidas necesarias de justicia ordinaria. Para empezar, debería producirse ya la excarcelación de las personas gravemente enfermas y de las mayores de 70 años. Su permanencia en prisión carece de justificación alguna y es contraria a las normas en vigor.

El 90% de las personas encarceladas debería haber disfrutado de los permisos propios del segundo grado y estar a punto del tercero. Más de un tercio ha cumplido –en algunos casos desde hace tiempo– las tres cuartas partes de las condenas impuestas por lo que deberían estar en tercer grado accediendo a la libertad condicional.

La Ley Orgánica 7/2003 de cumplimiento integro y efectivo de las penas –con hasta 40 años de privación efectiva de libertad y limitaciones insuperables para acceder al tercer grado– se debe derogar, dejando de aplicarse a los presos y presas vascos. Igualmente, la Ley Orgánica 7/2014, reconociéndose el derecho a la acumulación de condenas cumplidas en el espacio de la UE sin que la jurisdicción europea haya tenido aún ocasión de pronunciarse sobre su conformidad con las Directivas europeas.

Nos llena de alegría este comienzo del fin, por lo que tiene de estímulo en la buena dirección. Pero lo que queda de legislatura debería aprovecharse para completar la proximidad y la concentración de personas reclusas y aplicar la política penitenciaria ordinaria, haciendo imposible una vuelta atrás y centro, de nuevo, de la política vasca.

Nuestro País ha vivido grandes sufrimientos, perdido muchas vidas y roto muchos puentes de entendimiento. Necesitamos reconstruirnos como sociedad en convivencia, con memoria pero sin venganza.