La derecha, sin recursos para anular la victoria de Castillo

La derecha peruana está llevando a cabo una creciente campaña para intentar anular la victoria del izquierdista Pedro Castillo en las elecciones presidenciales, a pesar de que se ha quedado sin vías para hacerlo. Aunque los recursos para impugnar decenas de miles de votos han sido rechazados, Keiko Fuijimori se aferra a la guerra jurídica y a que un juez afín anule todo el proceso electoral, sin que falte el ruido de sables y rumores de golpe.

La derecha peruana se resiste a aceptar su derrota en las elecciones presidenciales dos semanas después de celebrarse la votación y a pesar de que ya no tiene ningún recurso al que aferrarse para desconocer la victoria de Pedro Castillo.

Tras el recuento oficial, Castillo aventaja a Keiko Fujimori por más de 40.000 sufragios, por lo que la derechista de Fuerza Popular se agarraba a la impugnación de 200.000 votos de zonas que abrumadoramente apoyan a Castillo, insistiendo contra toda evidencia en que hubo fraude. Todos esas reclamaciones ya han sido rechazadas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales (JEE), la mayor parte de ellas por defectos formales (falta de pago de tasas o por haber sido presentadas fuera de plazo) pero también por que no existe prueba alguna que las sustenten.

Sin embargo, Fujimori espera aún la confirmación del Jurado Nacional Electoral (JNE) y aunque ayer dijo que aceptará su decisión, mantiene la campaña para anular el resultado.

A Fujimori le queda un posible recurso de habeas data para intentar acceder a los padrones electorales y la vía abierta por un exjuez cercano al fujimorismo, Javier Villa Stein, para intentar echar abajo todo el proceso de la segunda vuelta de las elecciones. El juez alega las supuestas firmas falsas de los miembros de mesa, una tesis ya rechazada por los jurados electorales especiales, y cuestiona que se rechazaran recursos presentados fuera del plazo.

Tanto las autoridades electorales como empresas de análisis y observadores internacionales han insistido en que no hay ninguna prueba fehaciente de que se haya cometido fraude alguno.

Pero a medida que se le cierran las posibilidades, la derecha agita tanto la opción del lawfare (guerra jurídica) como el ruido de sables.

Una carta, cuya autenticidad ha sido puesta en duda, firmada presuntamente por cientos de militares peruanos retirados ha pedido a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas desconocer a Castillo si es proclamado ganador. Argumentan que las autoridades militares «no podrían aceptar a un jefe supremo ilegítimamente investido producto de un fraude» o fruto de «irregularidades».

Pedro Castillo, aunque defiende su victoria, espera la confirmación oficial mientras intenta tranquilizar a los poderes económicos. «No somos chavistas. No somos comunistas. Somos trabajadores. Somos emprendedores y garantizaremos una economía estable, respetando la propiedad privada, respetando la inversión privada y por encima de todo respetando los derechos fundamentales, como el derecho a la educación y la salud», afirmó la semana pasada.

En este contexto, tanto los seguidores de Castillo como los de Fujimori llevaron el pulso a la calle con sendas manifestaciones el sábado, en las que miles de personas defendieron el voto y la democracia, pero con intenciones radicalmente opuestas.

Castillo, que no participó en la movilización, recalcó que «no hay mafia ni amenaza de golpe que pueda detenerlo (pueblo peruano)».

Fujimori, que protagonizó la marcha en Lima acompañada por la plana mayor de su partido, insistió en las tesis de fraude. Lourdes Flores, su asesora legal, fue más allá y acusó directamente de «ladrón» al responsable del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corveto.