Desde el 18 de mayo pasado, las autoridades nicaragüenses han cancelado la personalidad jurídica a dos partidos opositores y han detenido, además de a cinco aspirantes presidenciales, a otros tres políticos, dos empresarios, un periodista y seis dirigentes de un movimiento opositor. Los nombres conocidos, incluidos combatientes históricos y exmiembros del primer Gobierno sandinista, han dado mayor relevancia a los arrestos. Además, a menos de cinco meses de las elecciones, las críticas opositoras y la presión internacional acusan al Ejecutivo sandinista de querer acabar con cualquier rival en los comicios.

De momento son 20 los detenidos para los que la Justicia nicaragüense ha dictado 90 días de prisión cautelar a la vez que ha ordenado levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de Nicaragua a 13 empresarios.

Los detenidos

El Gobierno los acusa de recibir fondos del exterior para derrocar al Ejecutivo sandinista y llamar a la intervención extranjera. La Operación Danto-2 ha adquirido especial relevancia por los nombres de los arrestados. Entre ellos se encuentran los que se preveía serían aspirantes a las presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro –hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro–, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.

También hay figuras relevantes entre los seis dirigentes detenidos de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), el partido que antes se denominaba Movimiento Renovador Sandinista (MRS), en el que participaban algunos de los antiguos cargos del FSLN, pero tan hostiles ya a su antiguo partido que cambiaron el nombre para romper con el sandinismo.

Así, entre los arrestados está la exguerrillera Dora María Téllez, ministra de Salud durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y el también exguerrillero Hugo Torres, general de brigada del Ejército retirado y exjefe de Inteligencia militar.

El exguerrillero exvicecanciller en el Ejecutivo sandinista, embajador ante la ONU y negociador en el proceso de paz durante el primer Gobierno del FSLN, Víctor Hugo Tinoco, también forma parte del grupo de detenidos.

Igual que el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, hijo de Violeta Barrios de Chamorro.

Por otra parte, su hermano y periodista Carlos Fernando Chamorro y sus colegas de profesión Sergio Marín Cornavac y Julio López se han exiliado al ver registrados sus domicilios o saber que también se les vinculaba con esta operación.

Acusaciones

Con la arresto de Cristiana Chamorro se comenzó a investigar la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad.

El resto de detenidos también ha recibido acusaciones similares de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación,incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» y «pedir intervenciones militares».

También por «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones»

Igualmente, la investigación contra la asociación empresarial Funides y sus juntas directivas es «por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras», señaló el Ministerio Público.

Estas acusaciones se enmarcan en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado mes de diciembre.

El Gobierno de Daniel Ortega aprobó esta ley como defensa ante las presiones externas, sobre todo tras la grave crisis de 2018, que dejó más de 200 muertos.

Desde el sandinismo se recuerdan las numerosas intervenciones de EEUU en Nicaragua a lo largo de la historia y se subraya que el propio Gobierno estadounidense se ha dotado de una legislación que castiga duramente las intervenciones extranjeras, y que organizaciones no gubernamentales o medios de comunicación que reciban financiación de otros países están obligados a registrarse como agentes extranjeros.

Pero desde la oposición se denuncia el intento de eliminar a rivales de Ortega, que optará a la reelección en las presidenciales de noviembre, si bien antes de esta oleada de detenciones las divisiones de la oposición nicaragüense habían ido minando las posibilidades de un frente unido para ganar al candidato del FSLN.

Intento de golpe

Daniel Ortega ha reaccionado a las críticas señalando que «aquí no estamos juzgando a políticos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos.

«Intentaban nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen», añadió recordando las protestas de 2018 por unas reformas a la seguridad social que se convirtieron en una grave crisis en la que murieron más de 200 personas, entre ellas afines al sandinismo.

Ortega ha acusado, ademas, a embajadas extranjeras, entre ellas la de España, por participar en reuniones dirigidas por Estados Unidos para exigir que eligieran un candidato.

Esas declaraciones parecen sugerir que se estaba preparando una candidatura unitaria de la oposición para hacerle frente en las urnas.

El presidente nicaragüense advirtió también de las amenazas de sanciones de la comunidad internacional, que van a «golpear a Nicaragua porque no tiene la fortaleza que tiene Venezuela ni la que tiene Cuba, y que Nicaragua como que está más fácil porque es más débil, más pobre, o sea, mentalidad de cobardes».

Ante los requerimientos de la UE para liberar a los presos, cuestionó si «acaso nosotros les hemos pedido a los europeos que pongan en libertad a los presos políticos que tienen en Europa», mencionando el caso de los políticos independentistas catalanes.

Reacciones

Las detenciones han provocado rechazos habituales como los de EEUU o la OEA, pero también entre países más cercanos. Así, Costa Rica, México y Argentina han llamado a consultas a sus embajadores.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió garantizar las libertades, evitar la represión y no encarcelar. Aunque recordó que la política exterior mexicana exige la no intervención en asuntos de otros países, indicó que México sí puede hablar de la defensa de los derechos humanos.

Y recomendó que «garantizando la libertad plena, se impide a quienes están acostumbrados a intervenir en asuntos de otros países el que tengan pretextos o excusas para entrometerse».

También la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió de que con un «clima de temor», es complicado que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos en las elecciones. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, pidió poner fin la persecución y a las detenciones en Nicaragua.