El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer una moratoria sobre las ejecuciones federales, al comprobar su «arbitrariedad» e «impacto desproporcionado en las personas de color».

«Se han planteado serias preocupaciones sobre el uso continuo de la pena de muerte en el país», explicó el secretario de Justicia, Merrick Garland. «En particular, el carácter arbitrario de su aplicación, su impacto desproporcionado en las personas de color y la preocupante cantidad de exenciones en casos de pena capital y otros casos graves», detalló.

Garland ordenó una moratoria sobre todas las ejecuciones a nivel federal, mientras su cartera «revisa sus políticas y procedimientos sobre la pena capital» con el objetivo de «velar por mantener escrupulosamente su compromiso en favor de la igualdad y el trantamiento humanitario en la administración de las leyes federales» que la regulan. El presidente, Joe Biden, ha mantenido públicamente una postura de oposición a la pena de muerte.

En EEUU, tradicionalmente son los estados, y no el poder federal, los que más ejecutan. El pasado miércoles, el estado de Texas ejecutó a John Hummel, que fue condenado a muerte por matar en 2009 a su mujer embarazada, su hija de 5 años y su suegro. La de Hummel ha sido la segunda ejecución del año en Texas y quinta en todo el país. Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo en 1976 la pena de muerte, han sido ejecutadas en Estados Unidos 1.534 personas, 572 de ellas en este estado. 

La justicia federal generalmente solo interviene en casos de drogas, «terrorismo» o espionaje.

El Gobierno federal no había llevado a cabo ninguna ejecución en 17 años, hasta julio de 2020. Entonces, el Ejecutivo de Donald Trump retomó la práctica y llevó a cabo ejecuciones a un ritmo sin precedentes (13), pese a la disminución de la pena de muerte en EEUU y en todo el mundo.