Aval de Moncloa a la ley de «solo sí es sí» con el eje en el consentimiento

Las víctimas de violencia sexual ya no tendrán que acreditar haberse resistido ni que haya habido agresión. Se eliminan los abusos sexuales, se profundiza en la persecución a los proxenetas y se procura evitar la revictimización. El anteproyecto fue aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y será debatido por el Congreso en setiembre.

«Pasar de la cultura del sometimiento a la del consentimiento», explicaron en rueda de prensa portavoces del Ministerio español de Igualdad ante los periodistas. Ese es el espíritu del proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros, llamado Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual e inspirado en muchos casos de violencia sexual, entre ellos el conocido como «caso de La Manada», sucedido en Iruñea.

El giro copernicano de esta ley será el cambio de paradigma con respecto a la probación del delito. En la actualidad, el ordenamiento jurídico del Estado español considera agresión solo aquellos casos en los que se haya podido probar que la violación se produjo con uso de la fuerza o intimidación, lo que en los hechos significaba que las mujeres debían probar su resistencia ante las agresiones, con la consecuente revictimización, como ocurrió con la víctima de La Manada.

Ahora, las víctimas ya no tendrán que acreditar haber mostrado resistencia o haber sufrido violencia. Todo acto sexual sin consentimiento positivo será considerado agresión, lo que significa que se eliminan los abusos sexuales y solo figurará la violación, en base a las recomendaciones establecidas en el Convenio de Estambul contra la violencia de género, firmado por el Estado español en 2014.

Según fuentes de Igualdad y Justicia, se pone en el centro el consentimiento en base a tres puntos básicos: se amplía el concepto del delito de violación, que a partir de ahora lo será todo acto contra la libertad sexual y no solo el acceso carnal o la penetración realizado con violencia; la eliminación de la tipificación del abuso en el Código Penal, y el establecimiento del denominado «Yes Model», recogido ya en las legislaciones sueca y británica y que señala que no se considera la pasividad o la no respuesta como una aceptación positiva del acto sexual.

Esto significa que, en términos prácticos, una mujer en estado de confusión o aturdimiento por el motivo que sea será considerada agredida sexualmente en el caso que presente una denuncia y esta no será descartada por no haber opuesto resistencia y no haberse negado.

Otro de los elementos nuevos que se busca erradicar es la revictimización de las víctimas, con medidas procesales de acompañamiento que incluyen la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Justicia ha informado de que, por ejemplo, se restringirán las preguntas a la víctima relacionadas con su vida sexual mientras no sean estrictamente necesarias para la investigación.

Reserva de identidad

Además, se procurará la reserva de la identidad, incluyendo también a las víctimas de violencia sexual en la regulación que impide dar información a pie de estrado sobre quién es la víctima solo a personas con problemas mentales o a menores.

El proyecto que debatirán las Cortes en dos meses opta por «un sistema penológico progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas más amplias», según Justicia. Esto permitirá dar una respuesta penal que tendrá en cuenta los matices sobre las circunstancias y una respuesta más amplia a la multiplicidad de las violencias sexuales, con nuevos agravantes que se sumarán, de los cuales el principal es el de la agresión grupal, una aportación en el que se ve la influencia del impacto social que tuvo el «caso de La Manada».

Asimismo, en cuanto a los agravantes se tendrá en cuenta la existencia de una grave violencia, el uso de armas o medios peligrosos y la situación de vulnerabilidad particular de la víctima. El tipo básico en el castigo por agresión sexual irá de uno a cuatro años y a partir de allí se aplican los agravantes.

Hay también un nuevo enfoque en lo referente a la protección y reparación a las víctimas. Las mujeres que sufran violencia sexual tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien. Si son mayores de 16 años tendrán a su disposición centros de crisis 24 horas y, en caso de los menores, la atención será especializada a través del desarrollo de las casas de infancia. Se impulsa, además, una especialización «más transversal de los cuerpos policiales».

El proyecto de ley incluye igualmente un apartado contra la industria proxeneta sobre la tercería locativa, al perseguir a los proxenetas que de manera habitual y con ánimo de lucro destinen cualquier establecimiento o espacio privado para la explotación sexual de terceras personas, respondiendo así a recomendaciones internacionales.

Fuentes de Igualdad recordaron que se trata de un «proyecto de segunda vuelta» porque al no ser un real decreto ha debido ser enviado al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al CGPJ, además de a todos los ministerios involucrados. También recordaron que este último demoró casi cinco meses en su devolución tras el análisis, cuando el período de tiempo suele ser un mes.

El primer acuerdo sobre Libertad Sexual data de marzo del año pasado aunque por la pandemia se frenó el proceso de consulta pública y quedó paralizado, para ser reabierto luego en julio. Enviado al CGPJ en setiembre, fue sugestivamente devuelto a finales de febrero, con sugerencias que, además, iban en contra del espíritu inicial y la mayoría de ellas no fueron tenidas en cuenta. Sí se admitió lo sugerido por el Consejo Fiscal para que el consentimiento estuviera en positivo y no en negativo.

«Nos hace mejores»

«Este proyecto nos hace mejores como sociedad y se enmarca en el compromiso con la ampliación de los derechos de las mujeres», señaló la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una rueda de prensa desde la Moncloa al confirmar su aprobación por el Consejo de Ministros.

Montero destacó que «el silencio o la pasividad o la no demostración de disconformidad ya no significarán consentimiento». Recalcó que la iniciativa –que también produjo un enfrentamiento entre los equipos de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra Irene Montero el año pasado– es producto de «un Gobierno feminista y progresista que ha ido modernizando el marco legal adecuándolo a estos tiempos».

Al término de su comparecencia cuestionó, sin mencionar, a Vox al criticar a los «grupos políticos que niegan la violencia machista» y emplazó a todos los grupos parlamentarios a apoyar el proyecto en las Cortes a la vuelta del receso de verano.