El Ejército fue desplegado ayer para contener la violencia generada en el país por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión por desacato judicial. y convertida en una oleada de saqueos y vandalismo. El actual presidente, Cyril Ramaphosa, criticó que las protestas están fundamentadas «en la violencia étnica» y denunció la destrucción de propiedades e infraestructuras. La Policía investiga la muerte de al menos diez personas –6 en Gauteng y 4 en KwaZulu-Natal– y efectuó 219 arrestos.

Los incendios y saqueos se extendían ayer, en el cuarto día de violencia, y el Ejército anunció que apoyará a las desbordadas fuerzas de seguridad.

Los disturbios estallaron en las zonas zulúes de donde es originario Zuma, pero rápidamente se extendieron a los barrios más pobres de Johannesburgo por motivos económicos que no tienen que ver con la condena a Zuma. En estos barrios, las restricciones impuestas en junio por la tercera ola de covid-19 afectan a los pequeños empleos con los que sobreviven muchos de sus habitantes.

El Tribunal Constitucional celebró ayer una larga audiencia, en la que el abogado de Zuma, Dali Mpofu, reiteró que su cliente es demasiado mayor –tiene 79 años– para ser encarcelado, argumento que un tribunal inferior rechazó la semana pasada, y propuso el arresto domiciliario.

Zuma fue declarado culpable «porque fue citado a comparecer» ante la comisión que investiga la corrupción estatal bajo su Presidencia «y no compareció». El expresidente ha estado jugando al gato y al ratón con esta comisión, ante la que ya pasaron unos cuarenta testimonios que lo implican.