México liberará a presos enfermos de más de 65 y a víctimas de tortura

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que firmará un decreto por el cual ordenará la excarcelación de los presos mayores de 75 años de edad, que tras 10 años no hayan sido sentenciados, mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad y toda persona que, acredite haber sido torturada.

El Gobierno mexicano anunció ayer que publicará un decreto para excarcelar a presos mayores de 75 años, mayores de 65 años con enfermedades crónicas, a quienes llevan 10 años sin sentencia y a todas aquellas personas, sin importar el delito por el que estén acusadas ni la edad, que acrediten haber sufrido torturas. «Los que hayan sido torturados y se pruebe, con el protocolo de Estambul que, en efecto, padecieron de tortura, van a ser liberados, de cualquier delito, de cualquier edad. O sea, cero tortura. No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, nadie, entonces estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero)», anunció ante los medios el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Añadió que preparará el documento la próxima semana con el objetivo de excarcelar a los presos a más tardar el 15 de setiembre.

Justificó el decreto al señalar que de las más de 220.000 personas que hay en las cárceles, el 43% no tiene sentencia, lo que equivale a cerca de 125.500.

«Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos, que no tienen sentencia, y no solo es fuero federal, también es fuero común –se estima que unos 82.189– y es la mayoría», resaltó.

«Ojalá las autoridades estatales tomen cartas en este asunto», expresó López Obrador. Aseguró que la Secretaría de Gobernación tiene «una nueva función y un nuevo rol», que incluye la «protección de los derechos humanos y de la justicia».

«Ya no es la Secretaría de la represión, de la guerra sucia y el autoritarismo sino de la protección de los derechos humanos y la justicia», incidió.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, remarcó que el presidente ha instruido para que «no se permita ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión o dentro del mismísimo penal».

Estas cuatro medidas complementan la Ley de Amnistía que promulgó el Gobierno en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas 6.000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) informó en marzo de una sobrepoblación en 172 centros penitenciarios federales, de un total 288, es decir, 60% del total.

López Obrador hizo también un llamamiento a las autoridades locales para aplicar medidas similares en los distintos Estados del país y fue muy crítico con el sistema judicial por el retraso a la hora de juzgar.

«¿Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia? Que les falta personal, faltan recursos, bájense el sueldo los de arriba, ahorren. Que es muy piramidal el funcionamiento de los poderes, los de arriba vivimos muy bien. No sólo es falta de recursos, de personal, es ineficiencia, burocratismo, corrupción, y desatención al que no tiene para pagar un abogado», destacó.

«Hay mucha gente que no tiene defensa, porque los abogados de oficio no están bien integrados, ni en los Estados ni en lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal, que deberían de tener equipos muy buenos de abogados para defender a la gente humilde y que no sólo llegue a la cárcel el que no tiene con qué comprar su inocencia», destacó el presidente mexicano.