El componente político de la factura de la luz

Con los precios de la electricidad en máximos, el debate no remite. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, intentó arrimar el ascua a su sardina con un artículo de opinión en el que define la situación como tormenta perfecta por la alta demanda, la baja producción de energía eólica y el alto precio del gas y las emisiones de CO2. Ese análisis le permite arremeter contra la prohibición del fracking y la oposición a los parques eólicos que frenan una mayor producción de energía. Olvida que los precios del gas nada tienen que ver con lo que en este pequeño país se hubiera podido extraer con un sistema tan ineficiente y contaminante.

El problema de los precios de la energía no es una cuestión técnica, como reiteradamente trata de plantear el Ejecutivo de Lakua, es una cuestión de modelo institucional. El alto precio que se paga por la electricidad en Euskal Herria se debe a que estamos integrados en el sistema ibérico en el que los oligopolios determinan el precio de la luz. Este país carece de soberanía para organizar su propio sistema eléctrico y paga el sobrecosto de padecer un sistema diseñado para extraer rentas. Por otra parte, como bien reconoce Tapia, el sistema industrial vasco ofrece soluciones innovadoras para la generación, sin embargo, el sistema político es el que ha lastrado la implementación de determinadas soluciones y sigue optando por tecnologías centralizadas y a gran escala, en forma de parques eólicos o fotovoltaicos con un gran impacto visual y medio ambiental. Podía haber impulsado soluciones pequeñas y descentralizadas, adaptadas a superficies ya construidas como los tejados, y cuyo beneficio para las comunidades es inmediato. El problema es que las grandes eléctricas no obtienen nada de esos sistemas y por esa razón esta vía continúa colapsada, su aportación sigue siendo anecdótica.

Sin duda hay que centrar el debate, pero en las cuestiones políticas: un marco soberano, la descentralización de la generación y el desguace de los oligopolios eléctricos.