La Fiscalía considera «nula» la expulsión de menores marroquíes desde Ceuta

El fiscal Manuel Campoy entiende que no se cumplieron «ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación española» cuando el Ministerio del Interior ordenó devolver a los jóvenes que entraron en la ciudad norteafricana los días 17 y 18 de mayo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española considera «nulo de pleno derecho» el proceso de repatriación de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta el pasado mayo porque no cumplió con requisitos básicos.

Así lo expone el fiscal Manuel Campoy en un escrito del pasado 17 de setiembre, en el que informa a favor de admitir el recurso contencioso-administrativo formulado por la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la orden emitida en agosto por el Ministerio del Interior que dirige Fernando GrandeMarlaska.

Entonces, los juzgados de Ceuta decretaron la paralización cautelar de las entregas, pero la Audiencia Nacional intervino para rechazar estas suspensiones y tomar bajo su mando la resolución del recurso.

Interior alegó que los días 17 y 18 de mayo entraron en Ceuta 1.097 menores, lo que creó una «situación excepcional» que había que resolver. Campoy apunta ahora que, a su juicio, la competencia corresponde a los Juzgados de Ceuta.

Ni trámites ni garantías

El fiscal recalca que «no se han cumplido ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación española», detallando que no consta un trámite de audiencia con presencia de los menores que tuvieran «juicio suficiente» o de sus representantes legales, ni que se les haya informado de sus derechos, dado la posibilidad de formular alegaciones o de nombrar a un defensor judicial.

«Se han omitido los preceptivos actos de comunicación a los menores interesados, información de sus derechos y nombramiento de defensor judicial, en su caso; cercenándoles así la posibilidad de acceso a la tutela judicial y de poder ser revisados judicialmente los actos administrativos concernidos», expone Campoy.

Tampoco constan, añade el representante del Ministerio Público, «los informes preceptivos de la representación diplomática de Marruecos sobre las circunstancias familiares de los menores afectados, de los servicios de protección de menores ni del Ministerio Fiscal».